Ortega: la otra cara de la desmovilización

En este caserío del municipio de Cajibío (Cauca) viven con temor de las represalias de las Farc.

Aunque el gobierno presenta la desmovilización de Ortega como un ejemplo de éxito y de lo que será el posconflicto, en la localidad hay mucha confusión y molestia. Pese a una década de intervención estatal, recogida en la publicación ‘Ortega, un proceso que merece ser contado’, no han superado sus miedos ni el atraso ancestral. Aún temen que las Farc ataquen otra vez el pueblo para vengarse y que la justicia actúe contra los 167 campesinos que pertenecieron a las ‘Autodefensas Campesinas de Ortega’ y que en el 2003 abandonaron su lucha.

Bany (*) es una de ellas. Solo sabe de trabajo, desde la madrugada hasta la puesta de sol, para sacar adelante a sus cuatro hijos. Pero acaba de enterarse de que tiene que pagarle al Estado, de manera perentoria, 644 millones de pesos por su pertenencia a esa supuesta estructura criminal.

Mira incrédula la notificación de la multa. La encuentra tan desorbitada, tan fuera de sus posibilidades, que se le escapa una risotada nerviosa. “Si vendiera bien mi finca de 2 hectáreas, que tiene muy buen café, de pronto me dan 20 millones de pesos”, asegura sin disimular la angustia. Como no tiene claro qué pasará si no cancela la deuda con los intereses que corren a diario, prefiere no salir a la cabecera municipal ni siquiera para tratarse las cataratas que la atormentan. Y cree que su situación podría complicarse porque está condenada a seis años por “concierto para delinquir agravado y conexos”, aunque esa sentencia, dictada en febrero pasado, está suspendida de manera temporal; todavía no ha pisado la cárcel. Mira a su alrededor en busca de respuestas.

“Me arrepiento de desmovilizarme; hicimos un mal negocio, no sé usar armas, me dan pavor, pero ya no puedo hacer nada. Uno vive asustadísimo de todo, de la guerrilla, de la Fiscalía”, dice inquieta, aunque cuenta con un abogado de la Defensoría del Pueblo para ayudarla a sortear los diversos cambios legislativos que afectan a los desmovilizados.

“El Estado nos colocó en el mismo costal de paramilitares y narcotraficantes”.

¿Cómo llegó a ese punto? ¿Por qué la justicia la persigue, junto con otros nativos de Ortega, un disperso, aislado y pobre corregimiento cafetero, perdido en la cordillera Central, al que el siglo XXI parece no haberle llegado?
A finales de los 70, las Farc irrumpen en Ortega, municipio de Cajibío, norte del Cauca. El transporte era a lomos de mula, no tenía vías de acceso ni luz ni otros servicios básicos.

La primera incursión subversiva tenía por objetivo reclutar jóvenes, y, ante la oposición de tres líderes locales a sus pretensiones, asesinaron a dos de ellos. En lugar de huir, los labriegos compraron escopetas y organizaron ‘un grupo’ informal de defensa para evitar nuevas arremetidas.

En los años sucesivos, la guerrilla solo apareció en contadas ocasiones y, cuando lo hacían, los orteganos la rechazaban a tiros. Hasta el amanecer del 7 de octubre del 2000. Medio millar de farianos arrasó con tres veredas y asesinó a trece personas. La mayoría de habitantes alcanzó a buscar refugio en el monte. Al regresar a sus poblados días más tarde, se produjo una estampida hacia la cabecera municipal y a Popayán. Solo un puñado de familias optó por permanecer en sus tierras.

El Ejército, que llegó tras la masacre, estuvo un par de meses en la zona y desapareció. Ortega volvió a quedarse solo.

La lucha

La comunidad, de raíces gambianas y paeces, acordó que si las Farc intentaban apropiarse del territorio, tendrían que vérselas con ellos. No estaban dispuestos a doblegarse. “No nos íbamos a dejar matar”, cuentan a este diario.

Quizá las Farc pensaron que era una bravuconada y que los someterían fácil. Pero los campesinos conocían mejor que ellos sus montañas y trochas y decidieron proteger su libertad. Cuando advertían la presencia guerrillera, gritaban de filo en filo para que la gente alcanzara a esconderse. Si era necesario, disparaban desde sus puestos de vigilancia en las cumbres para evitar que avanzaran y no regresaban a sus casas, ni de día ni de noche, hasta que los ahuyentaban.
Mientras, las mujeres, como Bany, cocinaban para todos.

Hay un episodio oscuro de esos años, de consecuencias nefastas para los labriegos. Uno de los orteganos que lideraban la lucha entró en contacto con el Bloque Calima de las Auc y pidió ayuda. Los paramilitares aceptaron entrenar a un puñado de campesinos durante quince días y, antes de esfumarse para siempre, ya que el lugar no ofrecía nada de interés para ellos, reclutaron a una decena de jóvenes. “Los muchachos se fueron porque les quemaron las casas y las Auc les pagaban 300.000 pesos mensuales”, asegura una campesina. “No los volvimos a ver. Murieron lejos de Ortega”.

Trochas que conducen a las veredas de Ortega. Tras ser acusadas como paras, algunas mujeres deberán pagar una cuantiosa multa. Foto: Salud Hernández

Trochas que conducen a las veredas de Ortega. Tras ser acusadas como paras, algunas mujeres deberán pagar una cuantiosa multa. Foto: Salud Hernández

Entre los años 2001 y 2003, los hombres de Ortega sostuvieron escaramuzas con las Farc. Hastaque un día advirtieron que la tensión reinante y el recurso de las armas, así fueran hechizas en su mayoría, generaba conflictos entre vecinos y amenazaba con arrastrar a los jóvenes por la senda de la violencia.

Dos pobladores, Rubindel y Lizardo Jaír Becoche, tío y sobrino, supieron de las generosas ofertas gubernamentales a los que se desmovilizaran de la Auc y convencieron al pueblo de hacerlo, aunque no se consideraban autodefensas, y menos aún paramilitares, tan solo agricultores obligados a defender lo suyo. “Era el único camino para que nos prestaran atención”, relata un labriego. Les dijeron que, a cambio de entregar armas, el Ejército se instalaría en sus montes para cuidarlos y el Gobierno les haría colegio, carretera, llevaría energía, agua, además de formación técnica y subsidios.

Para dar más realce a su gesto y por consejos de personas foráneas, bautizaron lo que siempre habían llamado ‘el grupo’ como ‘Autodefensas Campesinas de Ortega’, acorde con el modelo de la época, y con posterioridad la justicia los elevó a la categoría de bloque.

Para completar el cuadro paramilitar, admitieron unos nexos con las Auc que no existieron. El encuentro fugaz con el Bloque Calima, autor de incontables crímenes atroces y que tenía en el Valle del Cauca su centro de operaciones, no supuso compromiso posterior alguno con ellos.

Fueron 167 pobladores –hombres, esposas, hijos, abuelas– los admitidos en el listado de reinsertados que elaboraron los propios Becoche. Pero nadie les informó bien de las consecuencias judiciales de aceptar la pertenencia a un grupo armado ilegal ni lo que suponía que los metieran en la estructura de las Auc. Casi la mitad eran mujeres de escasa formación que jamás apretaron un gatillo y tenían por arma un fogón. Vivían al margen de la realidad del país, sin televisión ni radio, y creyeron que sería el camino al progreso.

“La labor que aquel grupo realizaba era prestar vigilancia en las cinco veredas que conforman el corregimiento de Ortega (…) No tenía jerarquías ni estructura militar, no usó prendas militares, no utilizó radios de comunicación, no tenía escopetas ni revólver; tampoco recibieron entrenamiento ni tenían sueldo, su función era vigilar y cocinar para el grupo de autodefensas campesinas de Ortega”, indica la confusa sentencia del 5 de febrero del 2015, que condena a Bany a seis años de cárcel y a pagar mil salarios mínimos.

El fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán señala que no causaron daños materiales ni víctimas, y que se organizaron con el único propósito de “defenderse de los ataques de la guerrilla” ante la ausencia del Estado.

Desmovilización

“Nos metieron a la desmovilización como si fuéramos paramilitares, pero una cosa es que la gente de Castaño pasara por aquí y se fueran porque no los aceptamos, y otra lo que nosotros hicimos para defendernos”, alega uno de los líderes locales.

“En Colombia es un delito defenderse, y no lo es que te abandone el Estado. Los que estamos vivos es porque pudimos escondernos el día que entraron las Farc, y luego tuvimos que hacer resistencia por fuerza mayor.

Cometimos el error de desmovilizarnos en lugar de desplazarnos, y no tendríamos estos problemas. Hoy el terror nuestro es la ley y la Fiscalía, sin olvidar a la guerrilla, que sigue siendo una amenaza”.

Otra muchacha interviene: “No se entiende a quién persigue la Fiscalía, ¿por qué no persiguen a quienes nos atacaron? El ataque lo dirigieron ‘Catatumbo’, ‘Caliche’ (fallecido) y ‘Arley’. ¿Y a ellos, qué? Es una contradicción muy grande. Nos están felicitando por dejar las armas y nos persigue la Fiscalía”.

Hay lugareños que no comparten el enfado. En su día no integraron las partidas de vigilancia, y rechazan el recurso de las armas, aunque son conscientes de que nadie les defendía. Sin embargo, consideran que la desmovilización fue un error y hasta una farsa, porque ninguno necesitaba reinsertarse a la sociedad, son meros campesinos que no dejaron de trabajar sus tierras, y a algunos solo los animaba el interés de conseguir subsidios.

“La verdad es que nos desmovilizamos para que el Estado se ocupara de la zona”, acepta un cafetero. “Cumplieron con el colegio y el centro de salud, que construyó Usaid y OIM. La energía la tenemos apenas hace tres meses y la carretera es una trocha, pero al menos llega hasta el pueblo. Antes no había esperanza de nada, ahora sí”.

Casi todos reconocen la labor de la Agencia para la Reintegración, que durante los últimos ocho años impulsó todos los programas. Si bien los nativos creen que las soluciones han sido insuficientes, además de las ayudas mensuales que recibieron los desmovilizados, la Agencia llevó proyectos educativos, brindó atención psicológica, la Federación Cafetera mejoró los cultivos y ya producen un café excelso, de los mejores del Cauca, y los asesoraron en materia jurídica.

Con todo, basta echar un vistazo por la única calle del poblado, diminuta y polvorienta, las tres tiendecitas en las que no venden casi nada, los caminos de tierra para llegar a las veredas, la precariedad de las fincas y la pobreza de las viviendas, para constatar el abandono en que Ortega estaba anclada y lo que ha costado conseguir rescatarla un poco del fondo. Y no solo en desarrollo socioeconómico.

“Aquí no tenemos la paz segura. Hace dos semanas vieron a la guerrilla como a una hora. El rumor es que se quieren tomar esto, uno tiene que estar pensando dónde va a esconderse si llegan”, indica un campesino. “No es todo bonito como lo pintan en Bogotá”.

(*) Las personas pidieron anonimato

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO