Crónicas

‘Que la Policía se vaya a Bogotá, que es inseguro. Acá no la queremos’

En El Mango, en Argelia (Cauca), no quieren policías porque, dicen, no tienen nada que cuidar.

No pensaron llegar tan lejos. Más de un lugareño creía que sacarían a la Policía con la misma facilidad con la que los campesinos de El Plateado, otro corregimiento situado a una media hora de distancia, echaron a los militares. Igual que ellos, los acompañarían a Argelia de manera pacífica para que las Farc permitieran organizar las jornadas deportivas que llevaban dos años sin celebrar.

Solo se trataba de pedirles que se fueran para evitar una masacre y la destrucción de la localidad con los cilindros que la guerrilla tenía preparados para lanzar, y todos tan felices. Pero algo salió mal, la protesta colectiva se desbordó, derruyeron la estación de Policía y sus trincheras, y ahora los platos rotos los pagan los labriegos de Campoalegre, una vereda colindante con El Mango.

Los integrantes de distintos cuerpos de la Policía Nacional se instalaron en sus predios y ellos se tuvieron que desplazar. Les da miedo vivir junto a la Policía con las Farc rondando, así haya tregua, y tampoco pueden recoger sus cosechas. En El Mango y en casi todo el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, un territorio unido al resto del país por carreteras destapadas y trochas intransitables en invierno, sin centros de acopio agrícola ni un comercio pujante, solo se siembra coca.

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Su situación, por tanto, no es fácil. Los mandos policiales no pueden dejarles raspar las matas ni trasladar los semilleros de coca y advierten que las autoridades pueden iniciar un proceso de extinción de dominio, aunque sería complejo porque nadie tiene títulos.

Los cultivadores responden que, ante el abandono estatal, es el único producto que deja alguna rentabilidad por esos lares y reclaman el derecho a regresar a sus hogares. 48 familias están cansadas de vivir hacinadas, de brazos cruzados, en el albergue para desplazados construido por el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en El Mango hace unos años.

“Pedimos que la Policía Nacional se vaya, pero no queremos crear situaciones de hecho, no vamos a recurrir a la fuerza. Preferimos defender nuestros derechos por la vía judicial. Hemos presentado 51 acciones de tutelas”, señala Alexánder Rosero Alvarado, presidente de la junta de acción comunal.

Más de uno es consciente de que deben actuar con cautela. No pueden negar la evidencia de que son el primer eslabón en la cadena del narcotráfico, el más débil, pero ilegal. Por eso no saben bien qué hacer, los consume la misma incertidumbre que al resto de habitantes de El Mango. No dudan de que el Gobierno no dará su brazo a torcer sin más, que intentarán mantener a la Policía en el corregimiento a toda costa, aunque siguen sin ver su utilidad ni comprenden el empecinamiento de Bogotá.

“Aquí no hay banco, ni alcaldía, ni ningún organismo estatal que proteger”, repiten en cada esquina como una letanía. “Los policías no tienen nada que hacer acá y nos perjudican mucho porque la guerrilla nos acaba el pueblo si ellos están”, señala un nativo.

Son las mismas palabras, idénticas, que escuché en julio del 2013, cuando fui a El Mango para conocer por qué era el lugar más peligroso para un policía, crónica que apareció en esta sección. Entonces había una estación incrustada en el barrio Bellavista, el más costoso, sobre el parque principal. Eran dos calles fantasmas, sin pobladores, con las casas tatuadas de impactos de balas y paredes agrietadas o derruidas por los explosivos que las Farc lanzaban a los uniformados.

La presencia policial estaba reforzada en lo alto de una loma contigua con una base del Encar (cuerpo especial). Los agentes solo hacían presencia; apenas podían dejar sus trincheras, en cualquier momento se convertían en blanco de un ataque y ningún vecino les hablaba jamás. Entablar diálogo con un policía, venderle un simple tinto, equivalía a una sentencia de destierro o de muerte. La guerrilla lo advertía de manera nítida en las reuniones.

“No es cierto que no hicieran nada, estaban para que no se metiera la guerrilla, que cuando no había policía se la pasaba en el casco urbano, y hubo muchos muertos”, reclama un labriego de edad cuando entrevisté la semana pasada a unos campesinos que exigían la salida de los uniformados. “Hay que decir la verdad. Igual que decir que no se dan el cacao ni los frijoles. No se dan es porque nadie los siembra, solo siembran coca. Yo mismo tengo coca”, remachó el hombre.

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Sus palabras no tuvieron ningún eco. En la semana que permanecí en la zona nadie opinó así. Todos anhelaban la salida de la Policía. “La coca y la autoridad son incompatibles”, admitía un comerciante. “Pero en El Mango la Policía apenas hacía requisas, casi no dejaban sus trincheras. Si había una riña, no acudían porque podía ser una emboscada. Que vayan a Bogotá que hay inseguridad, acá no la queremos”.

Con todo, no solo quieren prescindir de los agentes por mantener la única base de su economía, que ha crecido en el último año a ojos vista. Su principal interés es salvar sus casas y sus vidas, puesto que es innegable el riesgo que corren porque las Farc no van a cejar en su empeño de despejar de policías El Mango, aunque sea a costa de los civiles, como ya ocurrió el 2 de junio del 2013. Un tatuco causó la muerte de una profesora y su hija, y redujo su casa a un montón de escombros.

Los propietarios de viviendas en Bellavista ahora están decididos a reconstruirlo e impedir a toda costa que la Policía regrese. Si bien la institución compró en su día un lote en ese barrio, al tratarse de un espacio pequeño, insuficiente para garantizar la seguridad de los uniformados, la estación y las trincheras ocupaban la calle completa. Ahora, las trincheras no existen como tampoco la estación; los lugareños destrozaron todo con una retroexcavadora.

Y en la colina en la que se asentaba la estación del Encar tampoco queda rastro de la Policía, en ella construirá un colegio. En El Mango, el rumor es que la Policía levantará su nueva edificación en la finca donde se instalaron los policías cuando el Gobierno les ordenó volver después de que los sacaron. Está rodeado de montañas más altas y los convierte en un blanco fácil, como quedó demostrado en el último ataque de las Farc en la madrugada del domingo 19 de julio –horas antes de iniciar la tregua–, que causó siete heridos graves entre los uniformados. Su actual ubicación en las pequeñas fincas de Campoalegre solo es temporal, no pueden quedarse.

¿Dónde los ubicarán? Es la pregunta en boca de todos y de difícil respuesta. El Plateado ha sonado como un corregimiento al que se podrían trasladar. Pero allí tampoco serían bienvenidos. La comunidad los obligó a cerrar la estación a golpe de decenas de tutelas en el 2009, tan solo dos años después de su arribo. Es además una población aún más hostil para un policía.

Al frente 60 de las Farc, que son muy fuertes en ese corregimiento, le suman la presencia del Eln. Esta guerrilla estableció el corazón de su mando en la vereda La Emboscada, a unos 40 minutos en moto, pero suele mantener colgado un pasacalles en El Plateado para recordar que también ellos cuentan en el área.

Hace poco había soldados en un cerro cercano. Pero después de la muerte de un campesino por disparos de un soldado al no detenerse en un retén, la comunidad los forzó a recoger la base y trasladarse a Argelia. “Aquí mandaban a la escoria del Ejército, a los castigados”, dice un labriego.

“Pero si vuelven, que vuelvan al cerro donde estaban, que no bajen ni nos vengan a atropellar. La Policía no puede venir porque les ganamos las tutelas y no hay nada que cuidar, ni bancos ni empresas. Las cucarachas y las moscas las cuidamos nosotros”, agrega el campesino.

Una integrante de la junta de acción comunal, Sory Gaviria, afirma que pretenden que los declaren zona de reserva campesina para que los fondos para mejorar la pésima infraestructura y las condiciones de vida de todos les lleguen directos a ellos, y “no solo las migajas. No somos próximos a las Farc, como algunos señalan; nadie nos ha visto nunca con armas”, asegura.

Otra persona defiende los sembrados de coca, que proliferan. “La vida, la dignidad y la resistencia nos la ha dado esa mata que llegó como en 1979”, asevera en tono desafiante. “Nos han educado gracias a la coca”.

Tanto en los corregimientos como en diferentes caseríos que recorrí, los campesinos admiten de manera abierta que la única autoridad la ejercen las Farc.

En El Plateado actúa la junta de acción comunal en primer lugar, y solo si el caso desborda su capacidad por su gravedad –una violación, un asesinato o una disputa entre vecinos que no puedan resolver– recurren a la guerrilla, que imparte su justicia pronta y dura.

Nadie piensa jamás en acudir a la Policía, desconfían de ella. Y aunque lo hicieran, no podrían hacer mucho. No hay un calabozo y si arrestan a alguien, debe ser por una causa grave porque necesitan pedir un helicóptero, ya que no podrían sacar al detenido de otra manera. Por carretera los emboscaría la guerrilla, salvo que hicieran un enorme despliegue militar que cubriera las tres horas de recorrido por una vía destapada entre montañas hasta llegar a El Estrecho, sobre la Panamericana.

Ante ese panorama, ¿qué decisión tomarán en Bogotá? Eso quisieran saber en el municipio de Argelia.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO

Ortega: la otra cara de la desmovilización

En este caserío del municipio de Cajibío (Cauca) viven con temor de las represalias de las Farc.

Aunque el gobierno presenta la desmovilización de Ortega como un ejemplo de éxito y de lo que será el posconflicto, en la localidad hay mucha confusión y molestia. Pese a una década de intervención estatal, recogida en la publicación ‘Ortega, un proceso que merece ser contado’, no han superado sus miedos ni el atraso ancestral. Aún temen que las Farc ataquen otra vez el pueblo para vengarse y que la justicia actúe contra los 167 campesinos que pertenecieron a las ‘Autodefensas Campesinas de Ortega’ y que en el 2003 abandonaron su lucha.

Bany (*) es una de ellas. Solo sabe de trabajo, desde la madrugada hasta la puesta de sol, para sacar adelante a sus cuatro hijos. Pero acaba de enterarse de que tiene que pagarle al Estado, de manera perentoria, 644 millones de pesos por su pertenencia a esa supuesta estructura criminal.

Mira incrédula la notificación de la multa. La encuentra tan desorbitada, tan fuera de sus posibilidades, que se le escapa una risotada nerviosa. “Si vendiera bien mi finca de 2 hectáreas, que tiene muy buen café, de pronto me dan 20 millones de pesos”, asegura sin disimular la angustia. Como no tiene claro qué pasará si no cancela la deuda con los intereses que corren a diario, prefiere no salir a la cabecera municipal ni siquiera para tratarse las cataratas que la atormentan. Y cree que su situación podría complicarse porque está condenada a seis años por “concierto para delinquir agravado y conexos”, aunque esa sentencia, dictada en febrero pasado, está suspendida de manera temporal; todavía no ha pisado la cárcel. Mira a su alrededor en busca de respuestas.

“Me arrepiento de desmovilizarme; hicimos un mal negocio, no sé usar armas, me dan pavor, pero ya no puedo hacer nada. Uno vive asustadísimo de todo, de la guerrilla, de la Fiscalía”, dice inquieta, aunque cuenta con un abogado de la Defensoría del Pueblo para ayudarla a sortear los diversos cambios legislativos que afectan a los desmovilizados.

“El Estado nos colocó en el mismo costal de paramilitares y narcotraficantes”.

¿Cómo llegó a ese punto? ¿Por qué la justicia la persigue, junto con otros nativos de Ortega, un disperso, aislado y pobre corregimiento cafetero, perdido en la cordillera Central, al que el siglo XXI parece no haberle llegado?
A finales de los 70, las Farc irrumpen en Ortega, municipio de Cajibío, norte del Cauca. El transporte era a lomos de mula, no tenía vías de acceso ni luz ni otros servicios básicos.

La primera incursión subversiva tenía por objetivo reclutar jóvenes, y, ante la oposición de tres líderes locales a sus pretensiones, asesinaron a dos de ellos. En lugar de huir, los labriegos compraron escopetas y organizaron ‘un grupo’ informal de defensa para evitar nuevas arremetidas.

En los años sucesivos, la guerrilla solo apareció en contadas ocasiones y, cuando lo hacían, los orteganos la rechazaban a tiros. Hasta el amanecer del 7 de octubre del 2000. Medio millar de farianos arrasó con tres veredas y asesinó a trece personas. La mayoría de habitantes alcanzó a buscar refugio en el monte. Al regresar a sus poblados días más tarde, se produjo una estampida hacia la cabecera municipal y a Popayán. Solo un puñado de familias optó por permanecer en sus tierras.

El Ejército, que llegó tras la masacre, estuvo un par de meses en la zona y desapareció. Ortega volvió a quedarse solo.

La lucha

La comunidad, de raíces gambianas y paeces, acordó que si las Farc intentaban apropiarse del territorio, tendrían que vérselas con ellos. No estaban dispuestos a doblegarse. “No nos íbamos a dejar matar”, cuentan a este diario.

Quizá las Farc pensaron que era una bravuconada y que los someterían fácil. Pero los campesinos conocían mejor que ellos sus montañas y trochas y decidieron proteger su libertad. Cuando advertían la presencia guerrillera, gritaban de filo en filo para que la gente alcanzara a esconderse. Si era necesario, disparaban desde sus puestos de vigilancia en las cumbres para evitar que avanzaran y no regresaban a sus casas, ni de día ni de noche, hasta que los ahuyentaban.
Mientras, las mujeres, como Bany, cocinaban para todos.

Hay un episodio oscuro de esos años, de consecuencias nefastas para los labriegos. Uno de los orteganos que lideraban la lucha entró en contacto con el Bloque Calima de las Auc y pidió ayuda. Los paramilitares aceptaron entrenar a un puñado de campesinos durante quince días y, antes de esfumarse para siempre, ya que el lugar no ofrecía nada de interés para ellos, reclutaron a una decena de jóvenes. “Los muchachos se fueron porque les quemaron las casas y las Auc les pagaban 300.000 pesos mensuales”, asegura una campesina. “No los volvimos a ver. Murieron lejos de Ortega”.

Trochas que conducen a las veredas de Ortega. Tras ser acusadas como paras, algunas mujeres deberán pagar una cuantiosa multa. Foto: Salud Hernández

Trochas que conducen a las veredas de Ortega. Tras ser acusadas como paras, algunas mujeres deberán pagar una cuantiosa multa. Foto: Salud Hernández

Entre los años 2001 y 2003, los hombres de Ortega sostuvieron escaramuzas con las Farc. Hastaque un día advirtieron que la tensión reinante y el recurso de las armas, así fueran hechizas en su mayoría, generaba conflictos entre vecinos y amenazaba con arrastrar a los jóvenes por la senda de la violencia.

Dos pobladores, Rubindel y Lizardo Jaír Becoche, tío y sobrino, supieron de las generosas ofertas gubernamentales a los que se desmovilizaran de la Auc y convencieron al pueblo de hacerlo, aunque no se consideraban autodefensas, y menos aún paramilitares, tan solo agricultores obligados a defender lo suyo. “Era el único camino para que nos prestaran atención”, relata un labriego. Les dijeron que, a cambio de entregar armas, el Ejército se instalaría en sus montes para cuidarlos y el Gobierno les haría colegio, carretera, llevaría energía, agua, además de formación técnica y subsidios.

Para dar más realce a su gesto y por consejos de personas foráneas, bautizaron lo que siempre habían llamado ‘el grupo’ como ‘Autodefensas Campesinas de Ortega’, acorde con el modelo de la época, y con posterioridad la justicia los elevó a la categoría de bloque.

Para completar el cuadro paramilitar, admitieron unos nexos con las Auc que no existieron. El encuentro fugaz con el Bloque Calima, autor de incontables crímenes atroces y que tenía en el Valle del Cauca su centro de operaciones, no supuso compromiso posterior alguno con ellos.

Fueron 167 pobladores –hombres, esposas, hijos, abuelas– los admitidos en el listado de reinsertados que elaboraron los propios Becoche. Pero nadie les informó bien de las consecuencias judiciales de aceptar la pertenencia a un grupo armado ilegal ni lo que suponía que los metieran en la estructura de las Auc. Casi la mitad eran mujeres de escasa formación que jamás apretaron un gatillo y tenían por arma un fogón. Vivían al margen de la realidad del país, sin televisión ni radio, y creyeron que sería el camino al progreso.

“La labor que aquel grupo realizaba era prestar vigilancia en las cinco veredas que conforman el corregimiento de Ortega (…) No tenía jerarquías ni estructura militar, no usó prendas militares, no utilizó radios de comunicación, no tenía escopetas ni revólver; tampoco recibieron entrenamiento ni tenían sueldo, su función era vigilar y cocinar para el grupo de autodefensas campesinas de Ortega”, indica la confusa sentencia del 5 de febrero del 2015, que condena a Bany a seis años de cárcel y a pagar mil salarios mínimos.

El fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán señala que no causaron daños materiales ni víctimas, y que se organizaron con el único propósito de “defenderse de los ataques de la guerrilla” ante la ausencia del Estado.

Desmovilización

“Nos metieron a la desmovilización como si fuéramos paramilitares, pero una cosa es que la gente de Castaño pasara por aquí y se fueran porque no los aceptamos, y otra lo que nosotros hicimos para defendernos”, alega uno de los líderes locales.

“En Colombia es un delito defenderse, y no lo es que te abandone el Estado. Los que estamos vivos es porque pudimos escondernos el día que entraron las Farc, y luego tuvimos que hacer resistencia por fuerza mayor.

Cometimos el error de desmovilizarnos en lugar de desplazarnos, y no tendríamos estos problemas. Hoy el terror nuestro es la ley y la Fiscalía, sin olvidar a la guerrilla, que sigue siendo una amenaza”.

Otra muchacha interviene: “No se entiende a quién persigue la Fiscalía, ¿por qué no persiguen a quienes nos atacaron? El ataque lo dirigieron ‘Catatumbo’, ‘Caliche’ (fallecido) y ‘Arley’. ¿Y a ellos, qué? Es una contradicción muy grande. Nos están felicitando por dejar las armas y nos persigue la Fiscalía”.

Hay lugareños que no comparten el enfado. En su día no integraron las partidas de vigilancia, y rechazan el recurso de las armas, aunque son conscientes de que nadie les defendía. Sin embargo, consideran que la desmovilización fue un error y hasta una farsa, porque ninguno necesitaba reinsertarse a la sociedad, son meros campesinos que no dejaron de trabajar sus tierras, y a algunos solo los animaba el interés de conseguir subsidios.

“La verdad es que nos desmovilizamos para que el Estado se ocupara de la zona”, acepta un cafetero. “Cumplieron con el colegio y el centro de salud, que construyó Usaid y OIM. La energía la tenemos apenas hace tres meses y la carretera es una trocha, pero al menos llega hasta el pueblo. Antes no había esperanza de nada, ahora sí”.

Casi todos reconocen la labor de la Agencia para la Reintegración, que durante los últimos ocho años impulsó todos los programas. Si bien los nativos creen que las soluciones han sido insuficientes, además de las ayudas mensuales que recibieron los desmovilizados, la Agencia llevó proyectos educativos, brindó atención psicológica, la Federación Cafetera mejoró los cultivos y ya producen un café excelso, de los mejores del Cauca, y los asesoraron en materia jurídica.

Con todo, basta echar un vistazo por la única calle del poblado, diminuta y polvorienta, las tres tiendecitas en las que no venden casi nada, los caminos de tierra para llegar a las veredas, la precariedad de las fincas y la pobreza de las viviendas, para constatar el abandono en que Ortega estaba anclada y lo que ha costado conseguir rescatarla un poco del fondo. Y no solo en desarrollo socioeconómico.

“Aquí no tenemos la paz segura. Hace dos semanas vieron a la guerrilla como a una hora. El rumor es que se quieren tomar esto, uno tiene que estar pensando dónde va a esconderse si llegan”, indica un campesino. “No es todo bonito como lo pintan en Bogotá”.

(*) Las personas pidieron anonimato

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO

‘Perdimos a papá; queremos que Paula vuelva’: familia víctima de Farc

Hermanos de ganadera desaparecida en octubre están deshechos. Salud Hernández le siguió el rastro.

‘Pablo Catatumbo’ no conoce a Paula Ortegón. Tampoco sabía quién era José Marino, su padre, cuando la familia le rogó que los ayudara a localizarlo. Llevaba dos años y tres meses secuestrado, y las Farc no lo liberaban pese a haber cobrado el rescate.

Corría el año 1999 y ‘Catatumbo’, recién llegado a la región, descubrió que estaba muerto. Le pareció un error quitarle la vida en cautiverio a un nativo de la zona, entregado al trabajo y a los suyos. Ubicó la fosa y en el 2001 los familiares pudieron desenterrar los restos para sepultarlo en un cementerio.

Han pasado tres lustros y el comandante del Bloque Occidental ha vuelto a escuchar el clamor desesperado de los Ortegón. Necesitan encontrar a la hija de aquel hombre. Y en la zona las Farc ejercen control absoluto; es un corredor estratégico entre el Valle del Cauca y Tolima.

Paula, 36 años, soltera, amante de las montañas andinas, de las laderas boscosas y los espacios infinitos, del ganado y la vida campesina, desapareció el miércoles 22 de octubre del 2014 sin dejar rastro. Acababa de bajarse de la última chiva que, desde Palmira, conduce al pequeño corregimiento de Tenerife, jurisdicción de El Cerrito, Valle del Cauca.

Eran las ocho de una noche gélida y lluviosa, cuando el vehículo parqueó junto a la cancha cubierta de la localidad. Varias personas fueron testigos de que la recogió en su moto Fernando Piña, mayordomo de El Vergel, la hacienda que Paula heredó junto a sus tres hermanos cuando falleció el progenitor. Pero la población de unas 2.000 almas, dedicada al cultivo de cebolla larga, que no cuenta con residencias ni restaurantes, enseguida quedó desierta y nadie supo qué rumbo tomaron.

“Es muy berraco que lo señalen a uno de lo ocurrido”, me dice, desviando la mirada. “Somos inocentes de todo lo que está hablando la gente por ahí”, recalca con firmeza su compañera, Luz Enith.Por ser el último que estuvo con ella y colaborar con la guerrilla, a Piña aún le tiembla la voz cuando le pregunto por los pasos que dio ese día. Se le nota angustiado, y no es para menos. En el pueblo lo consideran el principal sospechoso de la desaparición de su patrona y es consciente de que un miembro del Secretariado de las Farc le respira desde Cuba en la nuca.

“Yo estaba en el pueblo porque había ido a llevar en mi moto al trabajador de otra finca y ella me pidió que la esperara, que llegaba en la última chiva. Cuando llegó, solo habló conmigo un momento para decirme que le negociara unas vacas. Se despidió porque alguien la estaba esperando para ir en moto a Augí, adonde otra finca que ella administra”, rememora Piña. “No sé qué se hizo”.

Finca El Vergel. Por ella murió el papá de Paula y por ella desaparecieron a la mujer.  Salud Hernández-Mora

Finca El Vergel. Por ella murió el papá de Paula y por ella desaparecieron a la mujer. Salud Hernández-Mora

Conversamos en El Vergel, en el amplio corredor donde Paula se sentía feliz. Tras la muerte de su papá, fue la única hija que se empeñó en mantener a flote la hacienda de sus ancestros, enclavada en una ladera de la Cordillera Central y en el borde de una trocha que conduce del casco urbano de Tenerife, a una media hora de distancia, hasta Buga.

Unos años se instaló en la propiedad, bregando de sol a sol como una labriega, hasta que su mamá cayó enferma de un cáncer terminal y volvió a la casa familiar de Palmira para acompañarla. Murió en el 2013, pero Paula optó por seguir viviendo en dicho centro urbano con su hermana Angélica y alternar el trabajo en un almacén de bisutería con estancias esporádicas de cuatro o cinco días en El Vergel. En mayo recibió mensajes intimidantes para que dejara la finca, pero no les hizo caso.

Armar el rompecabezas de aquel 22 de octubre no es sencillo. En Tenerife ya nadie quiere recordar.

Silencio

“Comprenda que es peligroso hablar porque ella desapareció en Tenerife, no en otro lugar”, me dice un habitante del corregimiento. “Vivimos en una zozobra muy horrible con eso que pasó”.

Al principio fue más fácil conseguir testimonios de quienes viajaron con ella, quizá porque pensaban en el pueblo que Paula aparecería en cualquier momento. Con el transcurrir de las semanas sin noticias suyas y con la certeza de que hay milicianos involucrados en los hechos, se fue imponiendo la ley del silencio. De ahí el relato de lo sucedido sea aún muy vago.

Paula acostumbraba a subir a El Vergel en una de las dos lecheras que salen de Palmira cada madrugada para recoger la producción del día en todas las fincas ganaderas. Pero el 22 decidió abordar la chiva de las cinco de la tarde que suele llegar a las ocho a Tenerife.

Quienes viajaron con ella se sorprendieron de verla a esas horas. Los calmó asegurando que Fernando Piña la esperaba. Dado que por su trabajo en el almacén contaba con poco tiempo para la finca, supusieron que querría aprovechar al máximo su estancia y estar presente en el ordeño de la madrugada.

Chateó con sus dos hermanas y unas amigas durante el trayecto. Sus mensajes reflejaban su habitual carácter alegre y dicharachero. A sus hermanas, siempre inquietas por sus desplazamientos, dada la fuerte presencia de la guerrilla y la ausencia de Policía y Ejército en el territorio, las engañó. Sobre las 6:30 p. m. envió un mensaje anunciando que ya se encontraba en El Vergel y ellas quedaron tranquilas.

En la breve parada que la chiva hizo en Augí, a Paula la esperaba el encargado de una finca situada en esa localidad, donde ella presta asesorías. Le entregó un medicamento que requería, conversaron un momento, se despidieron y ella siguió en el vehículo. Una vez en Tenerife, se encontró con su mayordomo, Fernando Piña. Después, su rastro se evaporó.

Milicianos

A unos quince minutos de El Vergel se encuentra Juntas, una inmensa hacienda en la que ‘Caliche’, poderoso miliciano y hermano de Luz Enith, es mayordomo desde hace un cuarto de siglo. Nada de lo que ocurre en el área escapa de su control.

“Por aquí no ha venido; como que se perdió”, responde con sonrisa socarrona al preguntarle por Paula Ortegón. “De pronto se fue con un novio a España para que la familia no se entere”, añade con el desparpajo y la insolencia de quien se sabe temido.

Un finquero que está a su lado interviene. “La desaparición de Paula es mala para la región. Nos tienen señalados, es incómodo. Cuando eso ocurrió, le dijimos a los trabajadores: si son responsables, se pierden. Si son inocentes, vayan a la Fiscalía, y eso hicieron. Aquí no está el culpable, pero necesitamos que ella aparezca para acabar con los rumores”.

Fernando Piña fue el único que acató la propuesta y se presentó en la Fiscalía de Palmira. Le formularon preguntas sencillas y lo dejaron ir. Más tarde trasladaron el expediente a la Fiscalía 15 Especializada de Cali, que aún no se ha desplazado a Tenerife para buscar testigos e interrogar a los sospechosos.

Quien envió una comisión fue Pablo ‘Catatumbo’. El pasado 24 de diciembre arribó un grupo perteneciente a la Columna móvil Víctor Saavedra, procedente del Cauca, bajo el mando de alias el Cojo.

En un recodo del camino, solo transitado por quienes cuentan con el permiso de ‘Caliche’ y otros milicianos, y a pocos metros de El Vergel, convocaron a los capataces y empleados de las fincas. Una vez reunidos, le preguntaron a Piña y al resto por lo sucedido. “Digan de una vez si saben algo, para que luego no vayan diciendo huevonadas”, advirtieron. El mayordomo repitió lo mismo que dijo a este diario y el resto de asistentes guardó silencio. El comandante despachó rápido el caso de Paula, dando por buenas las versiones, y dedicó el resto del encuentro a contar su visión del proceso de paz. Un par de horas más tarde se fueron. Desde entonces no han vuelto.

Tras la desaparición de Paula, varios propietarios de fincas recibieron mensajes amenazantes y abandonaron sus tierras, al igual que un ganadero vecino de El Vergel. Lo visitaron unos encapuchados para advertirle que lo matarían si no se marchaba.

Fernando Piña asegura que él también recibió una amenaza escrita vía celular, el 24 de diciembre: “Malditos acecinos (sic) ladrones de ganado. Voy por vox, tus cuñados y todos esos ijuoputas (sic)”.

“Fernando y yo somos nacidos y criados en la región, pero nos toca irnos donde encontremos otro trabajo”, explica Luz Enith. “El único hermano varón de Paula quedó al cargo de la finca y no viene, únicamente llama por celular. Ya no manda a limpiar un potrero, arreglar una cerca, como hacía ella, y así no se puede. Pero no estamos huyendo, siempre vamos a estar disponibles para responder”. Aunque ella muestra serenidad y aplomo, son muchas las inconsistencias en los testimonios de su compañero, que deberá aclarar.

En Tenerife y las aldeas aledañas, aparte de compadecerse por el infortunio de los Ortegón, temen que retorne la violencia que arrasó sus existencias apacibles en los noventa y principios de este siglo. Solo en el 2005 recobraron la calma y regresaron muchos de los que se habían desplazado.

“La violencia empezó igual, con una desaparición, un asesinato. Se fue creciendo hasta volverse espantoso. Uno veía muertos en los caminos y no dejaban recogerlos”, rememora una mujer. “Ahora podría ser lo mismo. Lo que le pasó a Paula tira por tierra muchas ilusiones. Volvimos a empezar pensando que se podían tener sueños. Pero este mazazo rompe todo”.

En Palmira, los tres hermanos de Paula están deshechos. Mantienen viva la esperanza de recobrarla pronto, pero los desespera la indiferencia de las autoridades. “Ya perdimos a mi papá; necesitamos que Paula regrese”.

Texto y fotos:
SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO

 

El ‘tour’ que muestra las dos caras de Pablo Escobar

Mientras esperamos a los extranjeros en el primer hostal, el chofer nos muestra DVD piratas sobre el capo. “El de Los dos Escobar es el que más se llevan porque tiene letreros en inglés”, indica.

Para animar la compra saca el arma secreta que esgrime cuando los indecisos se tornan recalcitrantes: No solo cuesta 7.000 miserables pesos, tres dólares, sino que el propio Roberto Escobar (‘Osito’) firma cada ejemplar y estampa su huella para validar la exclusividad del souvenir.

“Van a ver a Roberto Escobar en persona. Le enviaron una carta-bomba a la cárcel y al abrir fue ¡pum! y lo dejó casi ciego.

El drama del niño de cinco años que padece piel de cristal

La familia del menor con epidermólosis bullosa no tiene como brindarle cuidados especiales
Espiritano (Bolívar). A Érika se le vino el mundo encima la primera vez que tuvo a su hijo en brazos. No sabía cómo cogerlo para no hacerle daño, para no reventarle las ampollas, para no abrirle heridas si lo rozaba, para que la sábana no se le pegara a la piel cuando lo acostaba. Solo tenía 16 años y había alumbrado a un niño con epidermólosis bullosa, más conocida como piel mariposa o piel de cristal, una enfermedad que ni ella ni su esposo, Éver Torres, conocían que existiera y que no tiene cura.

“Cuando vi a ese peladito, yo quería llorar, yo no sabía ni qué hacer. Yo era una niña cuidando otro niño”, recuerda Érika. “Yo lo cogía con mucho cuidado, tenía que estar pendiente que la ropita no se le pegara. Pero se le pegaba. Él lloraba mucho, botaba mucha sangre, eso es duro pa’ uno”.

Lo peor estaba aún por llegar. El niño nació hace cinco años en el Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, y dado su estado, lo remitieron al Hospital Naval de Cartagena. Permaneció cuatro meses ingresado hasta que sus padres, por falta de fondos, tuvieron que abandonar el centro médico y regresar a Espiritano, una vereda diminuta, de ranchos dispersos, del corregimiento de El Salado.

“Antes de tener el niño, yo tenía dos vacas. Las tuve que vender para los transportes en Cartagena. Eso era todos los días dos mil pesos, cuatro mil, ida y vuelta. Hay que meterle lápiz; eso se va un poco”, señala Éver. “Nosotros pedimos darle de alta porque no teníamos plata para seguir (en Cartagena). Tuvimos que firmar un papel que conste que si algo le pasaba al niño, nosotros éramos los responsables”, agrega su esposa.

Aquí vive Ever Andrés con sus papás. Con una cortina, formaron el cuarto donde duermen la pareja y el niño. No tienen luz, agua ni alcantarillado.

Aquí vive Ever Andrés con sus papás. Con una cortina, formaron el cuarto donde duermen la pareja y el niño. No tienen luz, agua ni alcantarillado.

La vivienda de los Torres es de techo de palma y piso de tierra, y está sobre una suave loma, en medio del monte. No tiene agua ni luz ni alcantarillado, tampoco baño. Solo hay una habitación cerrada con una cortina donde duermen el matrimonio y los dos hijos, el resto es abierto y sirve de techo por igual a humanos que a gallinas, pavos, perros. En ese entorno, la vuelta al hogar con Éver Andrés, nombre con el que lo bautizaron, fue una pesadilla.

Cuando acostaban al pequeño y se le adhería la ropa, estallaba en llanto, el sol le ampollaba la piel. “Al verlo pegado, decidíamos mojarlo con agua para que se desprendiera sin que saliera sangre”, recuerda el papá. Y cuando lo llevaba en moto a control al Carmen, a una hora de distancia por una trocha que en invierno es casi intransitable, el niño se ponía peor. Cada abrazo para que no se cayera, cada traqueteo era una grieta en su quebradiza piel.

“Puede que uno lo lleve con mucho cuidado, pero con el brinco de la moto y uno para no dejarlo caer, él enseguida se pega”, explica Érika. “O se golpea en la moto en la nalga con la pierna mía, y le sale otra ampolla”, añade su esposo. “Entonces yo, para evitarme que le salgan ampollas y para tenerlo más seguro y más sano, mejor no lo llevo ni a control ni a nada”.

No sentían, además, que el hospital del Carmen fuera solución. Los tratamientos chocaban con los escasos recursos de la familia y las precarias condiciones de la vereda.

“Le mandaron cinco frutas diarias, en jugo, ¿De dónde tiene uno eso? Que el yogur, que eso, ¿de dónde? Necesita paños desechables, ¿de dónde?, pañitos húmedos, y uno no tiene para eso”, dice Érika. Y sin energía, tampoco le podrían hacer jugos ni conservar productos lácteos.

El raro mal del niño, para el que solo hay paliativos, afecta a uno entre cien mil nacidos. El trastorno genético provoca que se llenen de ampollas, llagas y costras; un roce, un golpe insignificante, puede abrirle la piel. Y tragar es otra complicación: nada sólido, un simple grano lo ahoga.

Por no haber recibido los tratamientos adecuados, Éver Andrés no puede pararse, solo gatea, tiene los dedos de los pies pegados, como envueltos en una membrana.

Curandero

Dada la dificultad de llevarlo al Carmen y al no conseguir que un médico visite al niño, el matrimonio optó por aceptar el ofrecimiento que les hizo Jacobo Alarcón, un hombre de aspecto bondadoso que se define como un botánico. Campesino como Éver, la violencia lo empujó a dejar sus tierras y terminó en el Carmen de Bolívar.

Al verse sin trabajo, echó mano de las enseñanzas ancestrales que oía en su hogar y con la voz de Dios, que dice que le ayuda a escoger las hierbas medicinales que debe aplicar, se hizo curandero. Por un par de millones de pesos –uno pagado de anticipo y el otro al final del tratamiento– se comprometió a dejar la piel de Éver Andrés perfecta. Desde febrero pasado acude religiosamente los martes y sábados al rancho para llevar sus medicinas.

“Yo le pregunto al Señor con qué puedo tratar a una persona, qué planta, y entonces Él me señala la planta, pero a veces hay muchas que Él no me dice el nombre”, admite Alarcón. Le da “un remedio líquido tres veces al día”, para que vaya sanando “por dentro”, y otros brebajes para bañarlo a diario. “Ha presentado mejoría y yo, como padre, la quiero de donde venga”, afirma Éver. “La esperanza es él, no hay más”.

No es el único que ha sentido su avance, al menos en su estado de ánimo. También sus tíos y su abuelo dicen que Éver Andrés está más contento, más risueño y juguetón. “Puede que le duela algo, pero él es un niño muy alegre”, dice Érika, su mamá. A diferencia de su hijo, ella se deprime por no contar con los medios para atenderlo como merece. Y hace un par de meses, al perder poco antes de nacer al que sería su tercer retoño, rodó por un abismo de tristeza. “Yo decía: Dios mío, si es así que me tiene, prefiero morirme. Pero yo pensé, si uno se muere, esa carga, ¿a quién le queda? El niño necesita mucho cariño”.

Hace poco más de un año, los Torres creyeron ver la luz al final del túnel. La Fundación Debra, que ayuda a los “niños de cristal”, invitó a Éver y a su hijo a Bogotá. Allí pudo comprobar que su pequeño no era el único que padecía la enfermedad, que ni él ni su esposa eran los culpables de que naciera así, y que la mayoría podía caminar, trabajar, en suma, llevar una vida normal.

Volvió a Espiritano convencido de que la existencia de Éver Andrés daría un vuelco, que a partir de ese momento, de alguna manera, se ocuparían de él. Pero pronto sus esperanzas se frustraron. Debra, que trabaja con las uñas, solo podía mandarle al Carmen, cada tres meses, una crema que debían mantener refrigerada, y gasas especiales que le vienen muy bien. La crema apenas se la pueden aplicar, enseguida se estropea, no hay nevera por la misma razón por la que no le pueden licuar los alimentos: la falta de electricidad. La solución sería una planta propia, pero no podrían costear la gasolina que necesitaría a diario.

La mala calidad del agua, no potable, es otro quebradero de cabeza. Éver la recoge en jagüeyes lejanos, a una hora de distancia en burro, el animal que más utilizan en la zona. Sus dos hijos se quejan a veces por lo fea, pero “es la que hay que tomar, no hay otra”, explica resignado.

Tampoco han logrado resolver su educación. Hay una pequeña escuela de un solo salón en Espiritano, pero el problema es el transporte. En burro o en moto, se pelaría y el sol es abrasador en los Montes de María. Y aunque Éver Andrés tiene lenguaje de un niño más pequeño, “la mente la tiene buena. La dificultad es en las manitos, pero sí coge el lápiz porque yo se lo he puesto y él lo agarra”, señala su papá. “Es un niño alegre, uno se ríe mucho con él porque es inteligente. No lo cambio por nada en el mundo, él está enfermo pero le ha dado muchas alegrías a uno”.

A los problemas anotados, Érika le suma el que ella debe afrontar a cada instante, lograr que el niño no abandone la cobija que hace las veces de alfombra, el diminuto territorio al que debe confinar a su hijo. Al ser el piso de tierra y Éver Andrés inquieto, su tentación es traspasar la frontera y jugar afuera. “El niño tiene la edad que quiere ya caminar. Él se va lejos gateando y yo le digo: ay, no, niño. Y lo tengo que coger y ponerlo acá en la cobija, que es un pedacito para él. Necesita algo grande”, dice ella.

Hace unos meses le hicieron un reportaje en un diario a Éver Andrés y a su familia. Volvieron a ilusionarse como ocurrió cuando Debra. Pero pasaron las semanas y nada ocurrió. Al no ver resultados, costó que aceptaran otra entrevista. Se quejaron de que le tomaban fotos y la vida de su hijo no cambiaba, sigue padeciendo sus dolores en silencio, con su sonrisa imborrable y su corazón de niño travieso. Quisieran poder llevarlo a vivir al Carmen para que tuviera piso de cerámica, un colegio cerca, el hospital a tiro de piedra porque si llega a atragantarse, el pequeño moriría, nunca llegarían a tiempo a urgencias.

“Si para nosotros los que tenemos piel no hay, que no haya, pero para Éver Andrés es una prioridad muy importante, y como niño se la merece y es obligación del Gobierno”, afirma rotunda la tía del pequeño, Elis Johana Torres. “Ya yo he perdido las esperanzas, yo creo que no nos van a ayudar”, remacha Érika, con una desánimo agobiante.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
* Viaje financiado por la Fundación Ayuda en Acción.