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Crónica

‘Que la Policía se vaya a Bogotá, que es inseguro. Acá no la queremos’

En El Mango, en Argelia (Cauca), no quieren policías porque, dicen, no tienen nada que cuidar.

No pensaron llegar tan lejos. Más de un lugareño creía que sacarían a la Policía con la misma facilidad con la que los campesinos de El Plateado, otro corregimiento situado a una media hora de distancia, echaron a los militares. Igual que ellos, los acompañarían a Argelia de manera pacífica para que las Farc permitieran organizar las jornadas deportivas que llevaban dos años sin celebrar.

Solo se trataba de pedirles que se fueran para evitar una masacre y la destrucción de la localidad con los cilindros que la guerrilla tenía preparados para lanzar, y todos tan felices. Pero algo salió mal, la protesta colectiva se desbordó, derruyeron la estación de Policía y sus trincheras, y ahora los platos rotos los pagan los labriegos de Campoalegre, una vereda colindante con El Mango.

Los integrantes de distintos cuerpos de la Policía Nacional se instalaron en sus predios y ellos se tuvieron que desplazar. Les da miedo vivir junto a la Policía con las Farc rondando, así haya tregua, y tampoco pueden recoger sus cosechas. En El Mango y en casi todo el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, un territorio unido al resto del país por carreteras destapadas y trochas intransitables en invierno, sin centros de acopio agrícola ni un comercio pujante, solo se siembra coca.

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Su situación, por tanto, no es fácil. Los mandos policiales no pueden dejarles raspar las matas ni trasladar los semilleros de coca y advierten que las autoridades pueden iniciar un proceso de extinción de dominio, aunque sería complejo porque nadie tiene títulos.

Los cultivadores responden que, ante el abandono estatal, es el único producto que deja alguna rentabilidad por esos lares y reclaman el derecho a regresar a sus hogares. 48 familias están cansadas de vivir hacinadas, de brazos cruzados, en el albergue para desplazados construido por el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en El Mango hace unos años.

“Pedimos que la Policía Nacional se vaya, pero no queremos crear situaciones de hecho, no vamos a recurrir a la fuerza. Preferimos defender nuestros derechos por la vía judicial. Hemos presentado 51 acciones de tutelas”, señala Alexánder Rosero Alvarado, presidente de la junta de acción comunal.

Más de uno es consciente de que deben actuar con cautela. No pueden negar la evidencia de que son el primer eslabón en la cadena del narcotráfico, el más débil, pero ilegal. Por eso no saben bien qué hacer, los consume la misma incertidumbre que al resto de habitantes de El Mango. No dudan de que el Gobierno no dará su brazo a torcer sin más, que intentarán mantener a la Policía en el corregimiento a toda costa, aunque siguen sin ver su utilidad ni comprenden el empecinamiento de Bogotá.

“Aquí no hay banco, ni alcaldía, ni ningún organismo estatal que proteger”, repiten en cada esquina como una letanía. “Los policías no tienen nada que hacer acá y nos perjudican mucho porque la guerrilla nos acaba el pueblo si ellos están”, señala un nativo.

Son las mismas palabras, idénticas, que escuché en julio del 2013, cuando fui a El Mango para conocer por qué era el lugar más peligroso para un policía, crónica que apareció en esta sección. Entonces había una estación incrustada en el barrio Bellavista, el más costoso, sobre el parque principal. Eran dos calles fantasmas, sin pobladores, con las casas tatuadas de impactos de balas y paredes agrietadas o derruidas por los explosivos que las Farc lanzaban a los uniformados.

La presencia policial estaba reforzada en lo alto de una loma contigua con una base del Encar (cuerpo especial). Los agentes solo hacían presencia; apenas podían dejar sus trincheras, en cualquier momento se convertían en blanco de un ataque y ningún vecino les hablaba jamás. Entablar diálogo con un policía, venderle un simple tinto, equivalía a una sentencia de destierro o de muerte. La guerrilla lo advertía de manera nítida en las reuniones.

“No es cierto que no hicieran nada, estaban para que no se metiera la guerrilla, que cuando no había policía se la pasaba en el casco urbano, y hubo muchos muertos”, reclama un labriego de edad cuando entrevisté la semana pasada a unos campesinos que exigían la salida de los uniformados. “Hay que decir la verdad. Igual que decir que no se dan el cacao ni los frijoles. No se dan es porque nadie los siembra, solo siembran coca. Yo mismo tengo coca”, remachó el hombre.

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Sus palabras no tuvieron ningún eco. En la semana que permanecí en la zona nadie opinó así. Todos anhelaban la salida de la Policía. “La coca y la autoridad son incompatibles”, admitía un comerciante. “Pero en El Mango la Policía apenas hacía requisas, casi no dejaban sus trincheras. Si había una riña, no acudían porque podía ser una emboscada. Que vayan a Bogotá que hay inseguridad, acá no la queremos”.

Con todo, no solo quieren prescindir de los agentes por mantener la única base de su economía, que ha crecido en el último año a ojos vista. Su principal interés es salvar sus casas y sus vidas, puesto que es innegable el riesgo que corren porque las Farc no van a cejar en su empeño de despejar de policías El Mango, aunque sea a costa de los civiles, como ya ocurrió el 2 de junio del 2013. Un tatuco causó la muerte de una profesora y su hija, y redujo su casa a un montón de escombros.

Los propietarios de viviendas en Bellavista ahora están decididos a reconstruirlo e impedir a toda costa que la Policía regrese. Si bien la institución compró en su día un lote en ese barrio, al tratarse de un espacio pequeño, insuficiente para garantizar la seguridad de los uniformados, la estación y las trincheras ocupaban la calle completa. Ahora, las trincheras no existen como tampoco la estación; los lugareños destrozaron todo con una retroexcavadora.

Y en la colina en la que se asentaba la estación del Encar tampoco queda rastro de la Policía, en ella construirá un colegio. En El Mango, el rumor es que la Policía levantará su nueva edificación en la finca donde se instalaron los policías cuando el Gobierno les ordenó volver después de que los sacaron. Está rodeado de montañas más altas y los convierte en un blanco fácil, como quedó demostrado en el último ataque de las Farc en la madrugada del domingo 19 de julio –horas antes de iniciar la tregua–, que causó siete heridos graves entre los uniformados. Su actual ubicación en las pequeñas fincas de Campoalegre solo es temporal, no pueden quedarse.

¿Dónde los ubicarán? Es la pregunta en boca de todos y de difícil respuesta. El Plateado ha sonado como un corregimiento al que se podrían trasladar. Pero allí tampoco serían bienvenidos. La comunidad los obligó a cerrar la estación a golpe de decenas de tutelas en el 2009, tan solo dos años después de su arribo. Es además una población aún más hostil para un policía.

Al frente 60 de las Farc, que son muy fuertes en ese corregimiento, le suman la presencia del Eln. Esta guerrilla estableció el corazón de su mando en la vereda La Emboscada, a unos 40 minutos en moto, pero suele mantener colgado un pasacalles en El Plateado para recordar que también ellos cuentan en el área.

Hace poco había soldados en un cerro cercano. Pero después de la muerte de un campesino por disparos de un soldado al no detenerse en un retén, la comunidad los forzó a recoger la base y trasladarse a Argelia. “Aquí mandaban a la escoria del Ejército, a los castigados”, dice un labriego.

“Pero si vuelven, que vuelvan al cerro donde estaban, que no bajen ni nos vengan a atropellar. La Policía no puede venir porque les ganamos las tutelas y no hay nada que cuidar, ni bancos ni empresas. Las cucarachas y las moscas las cuidamos nosotros”, agrega el campesino.

Una integrante de la junta de acción comunal, Sory Gaviria, afirma que pretenden que los declaren zona de reserva campesina para que los fondos para mejorar la pésima infraestructura y las condiciones de vida de todos les lleguen directos a ellos, y “no solo las migajas. No somos próximos a las Farc, como algunos señalan; nadie nos ha visto nunca con armas”, asegura.

Otra persona defiende los sembrados de coca, que proliferan. “La vida, la dignidad y la resistencia nos la ha dado esa mata que llegó como en 1979”, asevera en tono desafiante. “Nos han educado gracias a la coca”.

Tanto en los corregimientos como en diferentes caseríos que recorrí, los campesinos admiten de manera abierta que la única autoridad la ejercen las Farc.

En El Plateado actúa la junta de acción comunal en primer lugar, y solo si el caso desborda su capacidad por su gravedad –una violación, un asesinato o una disputa entre vecinos que no puedan resolver– recurren a la guerrilla, que imparte su justicia pronta y dura.

Nadie piensa jamás en acudir a la Policía, desconfían de ella. Y aunque lo hicieran, no podrían hacer mucho. No hay un calabozo y si arrestan a alguien, debe ser por una causa grave porque necesitan pedir un helicóptero, ya que no podrían sacar al detenido de otra manera. Por carretera los emboscaría la guerrilla, salvo que hicieran un enorme despliegue militar que cubriera las tres horas de recorrido por una vía destapada entre montañas hasta llegar a El Estrecho, sobre la Panamericana.

Ante ese panorama, ¿qué decisión tomarán en Bogotá? Eso quisieran saber en el municipio de Argelia.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO

Crónica

Vuelve la coca con fuerza al Amazonas

‘Caqueteños’, tras caída de capos regionales, quieren dominio del área.

Las alarmas están prendidas. Las guerras entre narcotraficantes por hacerse con el control de un negocio cada día más floreciente amenazan la paz de Leticia. Desde que las autoridades brasileñas detuvieron hace tres años a ‘Javier’, un sanguinario capo de nacionalidad peruana, amo y señor, hasta su captura, del tráfico de estupefacientes en el trapecio amazónico, son los colombianos los que mandan.

‘Los Caqueteños’, cada vez más fuertes después de que murieran asesinados alias el ‘Abuelo’, traficante de armas, y la ‘Firma’, poderoso narco; de que detuvieran a ‘Adolfo’, su socio, y de acabar con distintos rivales, aspiran al dominio absoluto de la región.

Unos cálculos apuntan a que hay más de treinta mil hectáreas cultivadas desde San Pablo, el pueblo del Perú donde el Che Guevara descubrió el sufrimiento de los leprosos, hasta Caballo Cocha y Erené, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, de la nación vecina, ambos cercanas a Leticia.

La capital del departamento del Amazonas es puerto de paso de buena parte de la cocaína que sacan hacia Manaos y Tefé, municipio del estado brasileño del Amazonas, a unos 600 kilómetros de distancia, que se ha convertido en un importante centro de acopio del polvo blanco. De allí parte a Surinam y después a Europa, vía algún país de la costa occidental africana.

Las autoridades peruanas calculan que son unas ochenta toneladas anuales las que facturan las mafias hacia esa población desde la triple frontera. La facilidad para esconderse en la maraña de ríos y en la manigua y la raquítica presencia de la Dinandro, policía antinarcóticos del Perú, propician el crecimiento de la producción.

Varios peligros se ciernen sobre la pequeña capital colombiana. Desde la lejana prisión de alta seguridad en la que está recluido, alias ‘Javier’ tiene lugartenientes que intentan resucitar una ruta para acumular suficientes fondos con los que comprar su traslado al penal de Tabatinga, el pueblo brasileño pegado a Leticia. Una vez en la localidad amazónica, podría escapar con facilidad. Si regresara, la guerra por recuperar su reino dejaría un reguero de muertos.

También es preocupante que un sector de ‘los Caqueteños’ acaricie la idea de ‘vacunar’ a los traquetos en la misma Leticia. O que desmovilizados de la guerrilla y, sobre todo, de los paramilitares estén llegando para incorporarse tanto a las bandas que tienen en Perú su centro de operaciones como a las dedicadas al microtráfico.

La capital del departamento del Amazonas es puerto de paso de buena parte de la cocaína que sacan hacia Manaos y Tefé. Foto: Archivo Particular.

La capital del departamento del Amazonas es puerto de paso de buena parte de la cocaína que sacan hacia Manaos y Tefé. Foto: Archivo Particular.

Los turistas no pueden imaginar que por las calles apacibles y en los hoteles del centro coincidan con los matones y los mafiosos.Y no hay que olvidar que el aeropuerto Vázquez Cobo, de la ciudad, es puerta de entrada y salida de droga y armas. Como los 1.500 cartuchos para AK-47, camuflados en una colchoneta ortopédica, que alias ‘Adolfo’ recibió antes de ser capturado; la base de coca que él mismo mandaba a Bogotá para surtir al ‘Bronx’, y la marihuana que envían de Corinto para el consumo local.

“Cuidado que la ciudad se va a pu…”, me advirtió un leticiano.

 

Los ‘israelitas’

El corazón del nuevo reino cocalero no es Leticia sino Caballo Cocha (provincia de Mariscal Ramón Castilla), a tres horas de distancia en bote. Se trata de un pacífico pueblo peruano, de 18.000 habitantes, a orillas del lago del mismo nombre.

Detrás de una fachada de calles pavimentadas y silenciosas, de su placita ordenada y colorida, donde juegan los niños al caer la tarde, cuando se levanta la brisa, se mueven los hilos oscuros del narcotráfico.

“Es el sitio de descanso” de los narcos, me dice su alcalde, Julio Khan. Y residencia de unos diez mil ‘israelitas”, miembros de una singular secta evangélica fundada por Ezequiel Atacusi. Son fáciles de distinguir por el pañuelo negro que llevan las mujeres para cubrirse el cabello, y por la barba de chivo de los varones. Poseen prósperos negocios, como el Hotel Gran Rey, el mejor del pueblo.

“La primera semillas de coca la trajeron los israelitas hace diez años”, cuenta un lugareño que, como es habitual en las tierras donde la boca cerrada es un seguro de vida, pide anonimato. “Predican, pero tienen cultivos”, agrega en tono crítico. Otros habitantes y algunas autoridades aseguran que poseen, incluso, laboratorios para procesarla. Su enorme influencia, unida a lo dicho por el alcalde, hace del casco urbano un lugar sin apenas violencia.

Tampoco la sufren en Cushillo Cocha, vereda al borde de otro lago precioso. Se llega desde Caballo Cocha en veinte minutos, por un estrecho camino pavimentado. Su población de tres mil almas –indígenas ticunas, de mayoría evangélica– se resistió al principio a cultivar la mata, pero fue cediendo por los ingresos que proporciona y ahora la intercala en sus chacras con la yuca y la fariña.

“Antes había una ladrillera y ahora son dos, y no dan abasto con los pedidos; hay que hacerlos con meses de antelación”, explica un vecino de Cushillo Cocha, orgulloso de ver cómo las viejas casas de madera y paja de su vereda ceden su lugar a las de material.Debido a sus creencias religiosas, las familias emplean el dinero de la venta de hoja de coca –les pagan el equivalente a unos 150.000 pesos por bulto– en mejorar sus viviendas, algo inusual en las poblaciones cocaleras.

No hay burdeles, billares, residencias ni restaurantes bulliciosos. Quien los busque debe ir hasta San José, un caserío que es punto de reunión de los raspachines de la zona y guarida de laboratorios. Hasta él se accede por un caño desde Cushillo Cocha, igual que a Samaria y Galilea, dos enclaves donde solo se puede trabajar con permiso de ‘los Caqueteños’. En las selvas que circundan a los tres existen cultivos de coca de hasta sesenta u ochenta hectáreas, propiedad de peruanos y colombianos.

También hay discotecas en Caballo Cocha, y hasta ellas llegan los fines de semana menores de edad de Leticia, que son explotadas como prostitutas.

Los campesinos peruanos se limitan a cultivar y recoger la hoja; es raro que la procesen. Los colombianos participan en toda la cadena: raspachines, vigilantes, químicos de los laboratorios, sicarios, caleteros, compradores…

Los insumos químicos proceden de Brasil, donde no se controla su compra y su precio es menor.

En Caballo Cocha están a punto de inaugurar dos gasolineras. Dada la pequeñez del parque automovilístico –por regla general, motocarros que apenas consumen combustible–, los investigadores colombianos no dudan de su destino: abastecer los laboratorios.

La población compra la gasolina en puestos callejeros y los mafiosos deben traerla de Leticia. Por los controles de la Policía y la Armada colombiana, el precio para los narcos se ha disparado. Por eso planean que las nuevas bombas las adquieran de manera legal y en cantidades suficientes en Iquitos, la principal ciudad peruana sobre el Amazonas, a 325 kilómetros. Solo tendrán que pagar ‘vacunas’ en Caballo Cocha a los agentes de la Dirnandro para trasladarla.

Asesinatos

Las disputas sangrientas entre las bandas son constantes, igual que el goteo de víctimas de los piratas. Torturan y asesinan a los transportadores de droga para robarles la mercancía, y los dueños de los cargamentos hacen lo propio en represalia. Pero los cadáveres no llegan a los centros urbanos; los botan al río o los dejan en las islas del Amazonas.

“Necesitamos apoyo y más coordinación de los países vecinos”, afirma el alcalde Julio Khan. Solo con Colombia, Perú tiene una frontera fluvial de 1.626 kilómetros sin apenas presencia de las autoridades de su país. Y la corrupción, que impregna hasta la médula a la policía peruana en el área, es otro freno. Los positivos se los dan los narcos y si hay que capturar a alguno de renombre, eso solo es posible si el operativo se organiza en Lima.

“En el puerto solo registran a los pasajeros que salen o entran para ver si llevamos dinero. Si descubren a alguien con billetes, se quedan con ellos”, explica un colombiano.

Fue alias ‘Javier’ quien inició alianzas con los narcos colombianos. El gobierno de Álvaro Uribe, a raíz de la desmovilización de las Auc, envió a ochocientos reinsertados a Leticia. La mayor parte no generó problemas, pero unos optaron por seguir delinquiendo. “ ‘Javier’ se los llevó a trabajar con él, y cuando desapareció de escena, se quedaron con el reinado”, asegura un investigador.

‘Los Caqueteños’ se han visto obligados a cambiar de cabeza con frecuencia por sus luchas internas y los golpes que les propina la Policía Nacional colombiana. Uno de los últimos lo dio en Milán (Caquetá). Apresaron a Jaime Humberto Rojas, uno de sus mandos.

Al margen del riesgo para la seguridad en un área que llevaba un tiempo respirando paz, preocupa el daño creciente a la naturaleza.

“Si eres conocido de alguien y esa gente (las bandas) lo permite, puedes tumbar selva para hacer tu chacra y cultivar coca. Nosotros éramos dos en un cultivo de siete hectáreas que pertenece a un señor –cuenta un raspachín de origen colombiano–. El dueño nos dio una carabina para hacer la vigilancia porque, cuando las matas están para raspar, hay gente que se mete por la noche a escondidas y lo raspan todo”. En los cultivos apartados, de acceso complejo, rige en cierto modo la ley de la selva.

Una vez procesada, las mafias transportan la droga en lanchas con doble fondo hacia Leticia, o en costales amarrados al bote, casi siempre de noche. La última incautación de la Policía colombiana en el río fue de 1,5 kilos de cocaína líquida. Procedía de Bellavista (Perú), otro de los puntos neurálgicos de los narcos, a unas dos horas de Leticia. En ese lugar deforestaron unos 38 kilómetros cuadrados de manigua para cultivar coca.

“En Amazonas estamos retrocediendo a la época de Pablo Escobar, cuando los narcos compraban la coca por fuera –me dice en Leticia alguien que conoce bien el narcotráfico–. Cuando se quieran dar cuenta, el problema se habrá salido de las manos”.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO

Columna

Todo por la plata

Las campañas electorales hacen milagros. El candidato Santos se puso bravo, ofreció abultada recompensa y juró que el asesinato de los dos policías en un área rural de Tumaco no quedará sin castigo. Pero todos sabemos que, después de elecciones, dejará que las Farc cubran sus crímenes de mentiras, impunidad y olvido.