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Crónica

‘Que la Policía se vaya a Bogotá, que es inseguro. Acá no la queremos’

En El Mango, en Argelia (Cauca), no quieren policías porque, dicen, no tienen nada que cuidar.

No pensaron llegar tan lejos. Más de un lugareño creía que sacarían a la Policía con la misma facilidad con la que los campesinos de El Plateado, otro corregimiento situado a una media hora de distancia, echaron a los militares. Igual que ellos, los acompañarían a Argelia de manera pacífica para que las Farc permitieran organizar las jornadas deportivas que llevaban dos años sin celebrar.

Solo se trataba de pedirles que se fueran para evitar una masacre y la destrucción de la localidad con los cilindros que la guerrilla tenía preparados para lanzar, y todos tan felices. Pero algo salió mal, la protesta colectiva se desbordó, derruyeron la estación de Policía y sus trincheras, y ahora los platos rotos los pagan los labriegos de Campoalegre, una vereda colindante con El Mango.

Los integrantes de distintos cuerpos de la Policía Nacional se instalaron en sus predios y ellos se tuvieron que desplazar. Les da miedo vivir junto a la Policía con las Farc rondando, así haya tregua, y tampoco pueden recoger sus cosechas. En El Mango y en casi todo el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, un territorio unido al resto del país por carreteras destapadas y trochas intransitables en invierno, sin centros de acopio agrícola ni un comercio pujante, solo se siembra coca.

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Su situación, por tanto, no es fácil. Los mandos policiales no pueden dejarles raspar las matas ni trasladar los semilleros de coca y advierten que las autoridades pueden iniciar un proceso de extinción de dominio, aunque sería complejo porque nadie tiene títulos.

Los cultivadores responden que, ante el abandono estatal, es el único producto que deja alguna rentabilidad por esos lares y reclaman el derecho a regresar a sus hogares. 48 familias están cansadas de vivir hacinadas, de brazos cruzados, en el albergue para desplazados construido por el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en El Mango hace unos años.

“Pedimos que la Policía Nacional se vaya, pero no queremos crear situaciones de hecho, no vamos a recurrir a la fuerza. Preferimos defender nuestros derechos por la vía judicial. Hemos presentado 51 acciones de tutelas”, señala Alexánder Rosero Alvarado, presidente de la junta de acción comunal.

Más de uno es consciente de que deben actuar con cautela. No pueden negar la evidencia de que son el primer eslabón en la cadena del narcotráfico, el más débil, pero ilegal. Por eso no saben bien qué hacer, los consume la misma incertidumbre que al resto de habitantes de El Mango. No dudan de que el Gobierno no dará su brazo a torcer sin más, que intentarán mantener a la Policía en el corregimiento a toda costa, aunque siguen sin ver su utilidad ni comprenden el empecinamiento de Bogotá.

“Aquí no hay banco, ni alcaldía, ni ningún organismo estatal que proteger”, repiten en cada esquina como una letanía. “Los policías no tienen nada que hacer acá y nos perjudican mucho porque la guerrilla nos acaba el pueblo si ellos están”, señala un nativo.

Son las mismas palabras, idénticas, que escuché en julio del 2013, cuando fui a El Mango para conocer por qué era el lugar más peligroso para un policía, crónica que apareció en esta sección. Entonces había una estación incrustada en el barrio Bellavista, el más costoso, sobre el parque principal. Eran dos calles fantasmas, sin pobladores, con las casas tatuadas de impactos de balas y paredes agrietadas o derruidas por los explosivos que las Farc lanzaban a los uniformados.

La presencia policial estaba reforzada en lo alto de una loma contigua con una base del Encar (cuerpo especial). Los agentes solo hacían presencia; apenas podían dejar sus trincheras, en cualquier momento se convertían en blanco de un ataque y ningún vecino les hablaba jamás. Entablar diálogo con un policía, venderle un simple tinto, equivalía a una sentencia de destierro o de muerte. La guerrilla lo advertía de manera nítida en las reuniones.

“No es cierto que no hicieran nada, estaban para que no se metiera la guerrilla, que cuando no había policía se la pasaba en el casco urbano, y hubo muchos muertos”, reclama un labriego de edad cuando entrevisté la semana pasada a unos campesinos que exigían la salida de los uniformados. “Hay que decir la verdad. Igual que decir que no se dan el cacao ni los frijoles. No se dan es porque nadie los siembra, solo siembran coca. Yo mismo tengo coca”, remachó el hombre.

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Sus palabras no tuvieron ningún eco. En la semana que permanecí en la zona nadie opinó así. Todos anhelaban la salida de la Policía. “La coca y la autoridad son incompatibles”, admitía un comerciante. “Pero en El Mango la Policía apenas hacía requisas, casi no dejaban sus trincheras. Si había una riña, no acudían porque podía ser una emboscada. Que vayan a Bogotá que hay inseguridad, acá no la queremos”.

Con todo, no solo quieren prescindir de los agentes por mantener la única base de su economía, que ha crecido en el último año a ojos vista. Su principal interés es salvar sus casas y sus vidas, puesto que es innegable el riesgo que corren porque las Farc no van a cejar en su empeño de despejar de policías El Mango, aunque sea a costa de los civiles, como ya ocurrió el 2 de junio del 2013. Un tatuco causó la muerte de una profesora y su hija, y redujo su casa a un montón de escombros.

Los propietarios de viviendas en Bellavista ahora están decididos a reconstruirlo e impedir a toda costa que la Policía regrese. Si bien la institución compró en su día un lote en ese barrio, al tratarse de un espacio pequeño, insuficiente para garantizar la seguridad de los uniformados, la estación y las trincheras ocupaban la calle completa. Ahora, las trincheras no existen como tampoco la estación; los lugareños destrozaron todo con una retroexcavadora.

Y en la colina en la que se asentaba la estación del Encar tampoco queda rastro de la Policía, en ella construirá un colegio. En El Mango, el rumor es que la Policía levantará su nueva edificación en la finca donde se instalaron los policías cuando el Gobierno les ordenó volver después de que los sacaron. Está rodeado de montañas más altas y los convierte en un blanco fácil, como quedó demostrado en el último ataque de las Farc en la madrugada del domingo 19 de julio –horas antes de iniciar la tregua–, que causó siete heridos graves entre los uniformados. Su actual ubicación en las pequeñas fincas de Campoalegre solo es temporal, no pueden quedarse.

¿Dónde los ubicarán? Es la pregunta en boca de todos y de difícil respuesta. El Plateado ha sonado como un corregimiento al que se podrían trasladar. Pero allí tampoco serían bienvenidos. La comunidad los obligó a cerrar la estación a golpe de decenas de tutelas en el 2009, tan solo dos años después de su arribo. Es además una población aún más hostil para un policía.

Al frente 60 de las Farc, que son muy fuertes en ese corregimiento, le suman la presencia del Eln. Esta guerrilla estableció el corazón de su mando en la vereda La Emboscada, a unos 40 minutos en moto, pero suele mantener colgado un pasacalles en El Plateado para recordar que también ellos cuentan en el área.

Hace poco había soldados en un cerro cercano. Pero después de la muerte de un campesino por disparos de un soldado al no detenerse en un retén, la comunidad los forzó a recoger la base y trasladarse a Argelia. “Aquí mandaban a la escoria del Ejército, a los castigados”, dice un labriego.

“Pero si vuelven, que vuelvan al cerro donde estaban, que no bajen ni nos vengan a atropellar. La Policía no puede venir porque les ganamos las tutelas y no hay nada que cuidar, ni bancos ni empresas. Las cucarachas y las moscas las cuidamos nosotros”, agrega el campesino.

Una integrante de la junta de acción comunal, Sory Gaviria, afirma que pretenden que los declaren zona de reserva campesina para que los fondos para mejorar la pésima infraestructura y las condiciones de vida de todos les lleguen directos a ellos, y “no solo las migajas. No somos próximos a las Farc, como algunos señalan; nadie nos ha visto nunca con armas”, asegura.

Otra persona defiende los sembrados de coca, que proliferan. “La vida, la dignidad y la resistencia nos la ha dado esa mata que llegó como en 1979”, asevera en tono desafiante. “Nos han educado gracias a la coca”.

Tanto en los corregimientos como en diferentes caseríos que recorrí, los campesinos admiten de manera abierta que la única autoridad la ejercen las Farc.

En El Plateado actúa la junta de acción comunal en primer lugar, y solo si el caso desborda su capacidad por su gravedad –una violación, un asesinato o una disputa entre vecinos que no puedan resolver– recurren a la guerrilla, que imparte su justicia pronta y dura.

Nadie piensa jamás en acudir a la Policía, desconfían de ella. Y aunque lo hicieran, no podrían hacer mucho. No hay un calabozo y si arrestan a alguien, debe ser por una causa grave porque necesitan pedir un helicóptero, ya que no podrían sacar al detenido de otra manera. Por carretera los emboscaría la guerrilla, salvo que hicieran un enorme despliegue militar que cubriera las tres horas de recorrido por una vía destapada entre montañas hasta llegar a El Estrecho, sobre la Panamericana.

Ante ese panorama, ¿qué decisión tomarán en Bogotá? Eso quisieran saber en el municipio de Argelia.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO

Columna

Honorables bandidos

Petición del Presidente de que periodistas usemos eufemismos para encubrir a las Farc es grotesca.

La petición del Presidente de que los periodistas usemos eufemismos para encubrir los delitos de las Farc es grotesca. Pretende que hagamos como el Ministerio de Defensa para referirse al secuestro del subteniente Moscoso: “El frente 32 lo tiene indebidamente en su poder”. ¿Tendremos que escribir: “Por un indebido disparo, falleció un soldado”, “Por pisar indebidamente una mina, perdió las piernas”, “Cobraron indebidamente el impuesto 002 a un ganadero?”.

Si el Gobierno disfraza las verdades, si cree que las FF.MM. y la ciudadanía tragan entero, perfecto, pero que no pida que sigamos su ejemplo. La única vía para que la guerrilla deje de ser terrorista, narcotraficante, asesina, es abandonando sus prácticas criminales.

Además, si Santos quiere “desescalar” el lenguaje, que dé ejemplo. Decir que los críticos de su proceso son “enemigos de la paz”, “buitres de la guerra”, “buitres del miedo”, “viven de la muerte” es tanto como tildarlos de sanguinarios. Por eso me hizo gracia escuchar cómo se las daba de blanca paloma en la entrevista con la Guri.

Tan blanca e inocente como algunos movimientos izquierdistas pretenden presentar a Paola Salgado, a Brayan Castillo y a otros detenidos por sus nexos con el Eln. Las investigaciones no son superficiales, comenzaron tiempo atrás y la captura de un veterano miembro del Estado Mayor eleno, en la serranía de San Lucas, en julio del 2013, puso al descubierto sus últimos planes en Bogotá.

Es el frente Domingo Laín, que obtiene en Arauca importantes fondos, el que financia las correrías de sus muchachos capitalinos. Cuentan con varias células clandestinas en las universidades públicas de Bogotá, aunque ellos jurarán que son movimientos de lucha pacífica, así siempre vayan encapuchados y con guantes, incluso cuando la Nacional los invitó a participar en un alucinante ‘Foro de acción colectiva violenta’.

Dos células componen su mascarón de proa: ‘Llamarada’, al que pertenecen Paola y Brayan, y la ‘Unión Camilista Revolucionaria’ (de la que cuelgan ‘M-Barricada 4-M’, ‘TNT’, ‘MER’, ‘LES’, ‘FPS’, ‘Colectivo Anarkos’, entre otros).

Los integrantes de cada una –unos 15 sujetos– empiezan con acciones de menor resonancia, como hacer apología del terrorismo eleno y participar en paros. Escalan poco a poco hasta demostrar que pueden asumir acciones de alto impacto.

En cuanto se involucran en un atentado terrorista, como la bomba en el CAI de Lourdes de Bogotá, en junio pasado, o meter 837 papas bomba en la Nacional para atacar a la policía, como hizo Paola Salgado, ya no tienen marcha atrás. El Eln no se lo permitiría.

El arresto del grupo de jóvenes es un duro golpe para los elenos. Ya no les resulta fácil formar cuadros, tarea que demora unos tres años. Desde que las FF. MM. eliminaron los frentes alrededor de Bogotá, se les complicaron la coordinación y el entrenamiento.

El próximo 3 de agosto, día que comienza la semana de inducción en la Nacional, enviarán reclutadores encapuchados para captar nuevos elementos. Se acercarán a los novatos y les venderán su carreta. Algún incauto caerá en sus redes y a la vuelta de un par de años serán del Eln.

NOTA. Si las minas de El Orejón son de plástico y no son detectables, que las busquen los guerrilleros. Que pongan ellos el pecho. No pueden quedarse tomando gaseosa mientras los soldados mueren intentando desenterrarlas. Otro acuerdo chimbo de La Habana. ¿O debí utilizar otra palabra?

Salud Hernández-Mora para eltiempo.com

Columna

¿Cuál capital político?

Ni Gobierno ni Farc pretenden hallar verdades, sino sepultarlas con cientos de acusaciones cruzadas.

No sé qué fastidia y duele más, si escuchar que se juega su capital político o que ya estamos en posconflicto. El primero, además de ser un capital escuálido (ganó una vez por Uribe y la otra por la ‘mermelada’ y el Polo), les importará a su hijo Martín, que aspira a sucederlo algún día, y a él mismo, pero estoy convencida de que fuera de sus áulicos, a la gente del común le vale cinco.

Lo que está en juego es el país, su futuro y su presente; y si pierde, perdemos todos, y mucho.

Él y sus aliados creen que arrodillándose ante el poder de los fusiles, como hicieron con Escobar en su día, conseguirán firmar una paz así haya que entregar el alma. Otros, que estamos en minoría, pensamos que hay valores y principios irrenunciables sobre los que se construyen sociedades pacíficas y justas a largo plazo.

La otra declaración presidencial es de un cinismo atroz, además de un desprecio a la memoria de los que aún pierden la vida, como los siete uniformados asesinados esta semana en Caquetá y Meta, y los mutilados por la sinrazón terrorista.

Una no sabe si reírse o llorar de rabia al escucharle asegurar en el exterior, ante audiencias ignorantes de la realidad colombiana, que ya nadamos en las aguas serenas del posconflicto gracias a un acuerdo de desminado de una sola zona chica y porque devolvieron unas tierras a los pocos que pueden ocuparlas de nuevo. Pero silencia que las Farc siguen fabricando y sembrando cientos de minas y desterrando campesinos.

Santos debería saber a estas alturas del proceso que no por contar falsedades al mundo, por hablar de un país que solo existe en su burbuja palaciega, firmarán las Farc mañana mismo. La banda criminal juega con sus prisas, con sus ansias de ganar el Nobel, y si sigue así de condescendiente, de pronto esperan al siguiente presidente.

Afanes no tienen, lo suyo en Cuba es un gana-gana. Sería una torpeza desperdiciar tantas ventajas, como que Santos recorra el planeta abogando por ellos y disfrazándolos con ropajes pacifistas y democráticos, además de concederles lo que piden.

Vean esa Comisión de la Verdad, que tantas veces exigieron y que tiene como único fin tapar las atrocidades de la guerrilla y magnificar las culpas de los contrarios. Recomiendo la lectura completa del acuerdo para constatar que fueron las Farc las que idearon y redactaron las características del engendro.

Si decenas de jefes paramilitares llevan 8 años vomitando verdades a chorros y no tenemos aún ni dos tercios del cuadro completo y tampoco se procesa semejante cúmulo de información, ¿cómo pretenden comprimir en solo tres años y con un puñado de historiadores parcializados nada menos que medio siglo de acontecimientos violentos, con todos los colombianos y varios países extranjeros como presuntos culpables?

La respuesta es obvia: ni Gobierno ni Farc pretenden hallar verdades, sino sepultarlas con cientos de acusaciones cruzadas. En medio de la gritería, los capos guerrilleros saldrán indemnes.

Igual que la engañifa de vendernos eso de que estamos en un “conflicto armado interno”, como si existieran dos bandos. Con ello las Farc consiguieron que legitimaran el asesinato de policías y militares.

Y ahora Uribe propone zonas de concentración con armas, otra ventaja para los terroristas. Que entrenen, planeen atentados y descansen juntos para estar preparados por si falla el proceso. ¿Por qué no les entregan ya las llaves de las ZRC y terminamos este peligroso circo?

Salud Hernández-Mora para www.eltiempo.com

Crónica

Ortega: la otra cara de la desmovilización

En este caserío del municipio de Cajibío (Cauca) viven con temor de las represalias de las Farc.

Aunque el gobierno presenta la desmovilización de Ortega como un ejemplo de éxito y de lo que será el posconflicto, en la localidad hay mucha confusión y molestia. Pese a una década de intervención estatal, recogida en la publicación ‘Ortega, un proceso que merece ser contado’, no han superado sus miedos ni el atraso ancestral. Aún temen que las Farc ataquen otra vez el pueblo para vengarse y que la justicia actúe contra los 167 campesinos que pertenecieron a las ‘Autodefensas Campesinas de Ortega’ y que en el 2003 abandonaron su lucha.

Bany (*) es una de ellas. Solo sabe de trabajo, desde la madrugada hasta la puesta de sol, para sacar adelante a sus cuatro hijos. Pero acaba de enterarse de que tiene que pagarle al Estado, de manera perentoria, 644 millones de pesos por su pertenencia a esa supuesta estructura criminal.

Mira incrédula la notificación de la multa. La encuentra tan desorbitada, tan fuera de sus posibilidades, que se le escapa una risotada nerviosa. “Si vendiera bien mi finca de 2 hectáreas, que tiene muy buen café, de pronto me dan 20 millones de pesos”, asegura sin disimular la angustia. Como no tiene claro qué pasará si no cancela la deuda con los intereses que corren a diario, prefiere no salir a la cabecera municipal ni siquiera para tratarse las cataratas que la atormentan. Y cree que su situación podría complicarse porque está condenada a seis años por “concierto para delinquir agravado y conexos”, aunque esa sentencia, dictada en febrero pasado, está suspendida de manera temporal; todavía no ha pisado la cárcel. Mira a su alrededor en busca de respuestas.

“Me arrepiento de desmovilizarme; hicimos un mal negocio, no sé usar armas, me dan pavor, pero ya no puedo hacer nada. Uno vive asustadísimo de todo, de la guerrilla, de la Fiscalía”, dice inquieta, aunque cuenta con un abogado de la Defensoría del Pueblo para ayudarla a sortear los diversos cambios legislativos que afectan a los desmovilizados.

“El Estado nos colocó en el mismo costal de paramilitares y narcotraficantes”.

¿Cómo llegó a ese punto? ¿Por qué la justicia la persigue, junto con otros nativos de Ortega, un disperso, aislado y pobre corregimiento cafetero, perdido en la cordillera Central, al que el siglo XXI parece no haberle llegado?
A finales de los 70, las Farc irrumpen en Ortega, municipio de Cajibío, norte del Cauca. El transporte era a lomos de mula, no tenía vías de acceso ni luz ni otros servicios básicos.

La primera incursión subversiva tenía por objetivo reclutar jóvenes, y, ante la oposición de tres líderes locales a sus pretensiones, asesinaron a dos de ellos. En lugar de huir, los labriegos compraron escopetas y organizaron ‘un grupo’ informal de defensa para evitar nuevas arremetidas.

En los años sucesivos, la guerrilla solo apareció en contadas ocasiones y, cuando lo hacían, los orteganos la rechazaban a tiros. Hasta el amanecer del 7 de octubre del 2000. Medio millar de farianos arrasó con tres veredas y asesinó a trece personas. La mayoría de habitantes alcanzó a buscar refugio en el monte. Al regresar a sus poblados días más tarde, se produjo una estampida hacia la cabecera municipal y a Popayán. Solo un puñado de familias optó por permanecer en sus tierras.

El Ejército, que llegó tras la masacre, estuvo un par de meses en la zona y desapareció. Ortega volvió a quedarse solo.

La lucha

La comunidad, de raíces gambianas y paeces, acordó que si las Farc intentaban apropiarse del territorio, tendrían que vérselas con ellos. No estaban dispuestos a doblegarse. “No nos íbamos a dejar matar”, cuentan a este diario.

Quizá las Farc pensaron que era una bravuconada y que los someterían fácil. Pero los campesinos conocían mejor que ellos sus montañas y trochas y decidieron proteger su libertad. Cuando advertían la presencia guerrillera, gritaban de filo en filo para que la gente alcanzara a esconderse. Si era necesario, disparaban desde sus puestos de vigilancia en las cumbres para evitar que avanzaran y no regresaban a sus casas, ni de día ni de noche, hasta que los ahuyentaban.
Mientras, las mujeres, como Bany, cocinaban para todos.

Hay un episodio oscuro de esos años, de consecuencias nefastas para los labriegos. Uno de los orteganos que lideraban la lucha entró en contacto con el Bloque Calima de las Auc y pidió ayuda. Los paramilitares aceptaron entrenar a un puñado de campesinos durante quince días y, antes de esfumarse para siempre, ya que el lugar no ofrecía nada de interés para ellos, reclutaron a una decena de jóvenes. “Los muchachos se fueron porque les quemaron las casas y las Auc les pagaban 300.000 pesos mensuales”, asegura una campesina. “No los volvimos a ver. Murieron lejos de Ortega”.

Trochas que conducen a las veredas de Ortega. Tras ser acusadas como paras, algunas mujeres deberán pagar una cuantiosa multa. Foto: Salud Hernández

Trochas que conducen a las veredas de Ortega. Tras ser acusadas como paras, algunas mujeres deberán pagar una cuantiosa multa. Foto: Salud Hernández

Entre los años 2001 y 2003, los hombres de Ortega sostuvieron escaramuzas con las Farc. Hastaque un día advirtieron que la tensión reinante y el recurso de las armas, así fueran hechizas en su mayoría, generaba conflictos entre vecinos y amenazaba con arrastrar a los jóvenes por la senda de la violencia.

Dos pobladores, Rubindel y Lizardo Jaír Becoche, tío y sobrino, supieron de las generosas ofertas gubernamentales a los que se desmovilizaran de la Auc y convencieron al pueblo de hacerlo, aunque no se consideraban autodefensas, y menos aún paramilitares, tan solo agricultores obligados a defender lo suyo. “Era el único camino para que nos prestaran atención”, relata un labriego. Les dijeron que, a cambio de entregar armas, el Ejército se instalaría en sus montes para cuidarlos y el Gobierno les haría colegio, carretera, llevaría energía, agua, además de formación técnica y subsidios.

Para dar más realce a su gesto y por consejos de personas foráneas, bautizaron lo que siempre habían llamado ‘el grupo’ como ‘Autodefensas Campesinas de Ortega’, acorde con el modelo de la época, y con posterioridad la justicia los elevó a la categoría de bloque.

Para completar el cuadro paramilitar, admitieron unos nexos con las Auc que no existieron. El encuentro fugaz con el Bloque Calima, autor de incontables crímenes atroces y que tenía en el Valle del Cauca su centro de operaciones, no supuso compromiso posterior alguno con ellos.

Fueron 167 pobladores –hombres, esposas, hijos, abuelas– los admitidos en el listado de reinsertados que elaboraron los propios Becoche. Pero nadie les informó bien de las consecuencias judiciales de aceptar la pertenencia a un grupo armado ilegal ni lo que suponía que los metieran en la estructura de las Auc. Casi la mitad eran mujeres de escasa formación que jamás apretaron un gatillo y tenían por arma un fogón. Vivían al margen de la realidad del país, sin televisión ni radio, y creyeron que sería el camino al progreso.

“La labor que aquel grupo realizaba era prestar vigilancia en las cinco veredas que conforman el corregimiento de Ortega (…) No tenía jerarquías ni estructura militar, no usó prendas militares, no utilizó radios de comunicación, no tenía escopetas ni revólver; tampoco recibieron entrenamiento ni tenían sueldo, su función era vigilar y cocinar para el grupo de autodefensas campesinas de Ortega”, indica la confusa sentencia del 5 de febrero del 2015, que condena a Bany a seis años de cárcel y a pagar mil salarios mínimos.

El fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán señala que no causaron daños materiales ni víctimas, y que se organizaron con el único propósito de “defenderse de los ataques de la guerrilla” ante la ausencia del Estado.

Desmovilización

“Nos metieron a la desmovilización como si fuéramos paramilitares, pero una cosa es que la gente de Castaño pasara por aquí y se fueran porque no los aceptamos, y otra lo que nosotros hicimos para defendernos”, alega uno de los líderes locales.

“En Colombia es un delito defenderse, y no lo es que te abandone el Estado. Los que estamos vivos es porque pudimos escondernos el día que entraron las Farc, y luego tuvimos que hacer resistencia por fuerza mayor.

Cometimos el error de desmovilizarnos en lugar de desplazarnos, y no tendríamos estos problemas. Hoy el terror nuestro es la ley y la Fiscalía, sin olvidar a la guerrilla, que sigue siendo una amenaza”.

Otra muchacha interviene: “No se entiende a quién persigue la Fiscalía, ¿por qué no persiguen a quienes nos atacaron? El ataque lo dirigieron ‘Catatumbo’, ‘Caliche’ (fallecido) y ‘Arley’. ¿Y a ellos, qué? Es una contradicción muy grande. Nos están felicitando por dejar las armas y nos persigue la Fiscalía”.

Hay lugareños que no comparten el enfado. En su día no integraron las partidas de vigilancia, y rechazan el recurso de las armas, aunque son conscientes de que nadie les defendía. Sin embargo, consideran que la desmovilización fue un error y hasta una farsa, porque ninguno necesitaba reinsertarse a la sociedad, son meros campesinos que no dejaron de trabajar sus tierras, y a algunos solo los animaba el interés de conseguir subsidios.

“La verdad es que nos desmovilizamos para que el Estado se ocupara de la zona”, acepta un cafetero. “Cumplieron con el colegio y el centro de salud, que construyó Usaid y OIM. La energía la tenemos apenas hace tres meses y la carretera es una trocha, pero al menos llega hasta el pueblo. Antes no había esperanza de nada, ahora sí”.

Casi todos reconocen la labor de la Agencia para la Reintegración, que durante los últimos ocho años impulsó todos los programas. Si bien los nativos creen que las soluciones han sido insuficientes, además de las ayudas mensuales que recibieron los desmovilizados, la Agencia llevó proyectos educativos, brindó atención psicológica, la Federación Cafetera mejoró los cultivos y ya producen un café excelso, de los mejores del Cauca, y los asesoraron en materia jurídica.

Con todo, basta echar un vistazo por la única calle del poblado, diminuta y polvorienta, las tres tiendecitas en las que no venden casi nada, los caminos de tierra para llegar a las veredas, la precariedad de las fincas y la pobreza de las viviendas, para constatar el abandono en que Ortega estaba anclada y lo que ha costado conseguir rescatarla un poco del fondo. Y no solo en desarrollo socioeconómico.

“Aquí no tenemos la paz segura. Hace dos semanas vieron a la guerrilla como a una hora. El rumor es que se quieren tomar esto, uno tiene que estar pensando dónde va a esconderse si llegan”, indica un campesino. “No es todo bonito como lo pintan en Bogotá”.

(*) Las personas pidieron anonimato

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO

Columna

¿Ratas humanas?

Como Farc y Eln no entregarán armas, violencia en el posconflicto que Santos vende está garantizada.

“Ratas humanas” llamó Pinzón al Eln tras la macabra exhibición de las piernas mutiladas del valeroso cabo Ávila. Pero son palabras vanas. El Ministro, al que le asignaron en el Ejecutivo el papel de halcón, sabe que con esas ratas que no representan a nadie y que los colombianos detestan, su jefe Santos negociará intereses claves del país.

Sería bueno que ‘Gabino’ y sus secuaces no olvidaran jamás que si todos los gobiernos buscaron una salida política con ellos no es por su ideario o porque tengan una mínima legitimidad política, sino por la imposibilidad de derrotarlos en un país con instituciones débiles, corrupción rampante, cultura de la ilegalidad enquistada y geografía endemoniada. Si el Estado pudiera acabarlas, la mayoría de ciudadanos no aceptaría otro circo como el de Cuba.

Y no crea el lector el cuento de que existen fisuras en la manada de roedores ‘elenos’. ‘Pablito’ y ‘Gabino’ son lo mismo, se necesitan, porque las matanzas, atentados contra la infraestructura, secuestros y extorsiones que ejecuta el primero cuentan con el absoluto respaldo del segundo. Sin ‘Pablito’ y otros comandantes igual de sanguinarios, ‘Gabino’ sería un vulgar delincuente sin peso alguno. Ningún gobierno le rendiría pleitesía, no perderían años (yo sumé 16) conversando con él sobre la posibilidad de buscar una salida negociada de su terrorismo, se limitarían a perseguirlos como a cualquier plaga delincuencial.

Por cierto que ‘Pablito’ vive fresco en el estado Apure, Venezuela, ordenando crímenes en Arauca, tras una fuga de prisión que le costó en sobornos unos 4.000 millones de pesos. Nunca escuché a Santos o al Fiscal General presionar al Gobierno venezolano para capturarlo ni a Montealegre anunciar, con bombos y platillos, que asignará varios fiscales a fin de descubrir a los cómplices de la escapada y someterlos a juicio.

Si hacemos un rápido repaso por el país, vemos que el Eln es fuerte en Arauca porque delinque a sus anchas al contar con el santuario venezolano. En el sur de Bolívar cada vez son más ricos con la expansión de la minería ilegal de oro, igual que en Chocó. En Nariño llenan las arcas con sus alianzas con ‘los Rastrojos’ para narcotraficar, pero donde más plata ganan ahora es en Norte de Santander. Gracias a la concesión de no erradicar cultivos ilícitos en el Catatumbo que hizo el Gobierno a los movimientos satélites de las Farc para conjurar el paro agrario del 2013, se triplicaron los sembrados de coca de los que también come el Eln.

En esa región, el gobierno Santos tendrá que decidir más adelante a qué grupo terrorista favorece. Los pupilos de ‘Timochenko’, de la mano de su organización Ascanca, la piden como zona de reserva campesina, mientras que los de ‘Gabino’, con su Cisca, quieren que sea zona de reserva forestal. Parece igual, pero nada es más distinto y ninguno cederá. Recuerden que entre el 2010 y el 2012 las dos agrupaciones criminales se enzarzaron en una guerra cruenta en Arauca que dejó cientos de muertos, y ya en el pasado las Farc intentaron aniquilar al Epl porque les resultaba molesto.

Como Farc y Eln han advertido que no entregarán las armas, la violencia en ese posconflicto que Santos vende está garantizada.

NOTA. ¿Tendrá el Presidente un segundo para interesarse por la vereda San Ignacio, de Puerto Rondón (Arauca)? Los campesinos viven aburridos del Eln, dueño de sus vidas y sus bienes. Matan, ‘vacunan’, deciden cuándo pueden vender sus productos y les prohíben deshacerse de sus tierras.

Salud Hernández-Mora para www.eltiempo.com