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Crónica

‘Que la Policía se vaya a Bogotá, que es inseguro. Acá no la queremos’

En El Mango, en Argelia (Cauca), no quieren policías porque, dicen, no tienen nada que cuidar.

No pensaron llegar tan lejos. Más de un lugareño creía que sacarían a la Policía con la misma facilidad con la que los campesinos de El Plateado, otro corregimiento situado a una media hora de distancia, echaron a los militares. Igual que ellos, los acompañarían a Argelia de manera pacífica para que las Farc permitieran organizar las jornadas deportivas que llevaban dos años sin celebrar.

Solo se trataba de pedirles que se fueran para evitar una masacre y la destrucción de la localidad con los cilindros que la guerrilla tenía preparados para lanzar, y todos tan felices. Pero algo salió mal, la protesta colectiva se desbordó, derruyeron la estación de Policía y sus trincheras, y ahora los platos rotos los pagan los labriegos de Campoalegre, una vereda colindante con El Mango.

Los integrantes de distintos cuerpos de la Policía Nacional se instalaron en sus predios y ellos se tuvieron que desplazar. Les da miedo vivir junto a la Policía con las Farc rondando, así haya tregua, y tampoco pueden recoger sus cosechas. En El Mango y en casi todo el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, un territorio unido al resto del país por carreteras destapadas y trochas intransitables en invierno, sin centros de acopio agrícola ni un comercio pujante, solo se siembra coca.

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Desde el caserío de Campoalegre, rodeados de cultivos de coca, los policías vigilan el corregimiento de El Mango. Salud Hernandez-Mora

Su situación, por tanto, no es fácil. Los mandos policiales no pueden dejarles raspar las matas ni trasladar los semilleros de coca y advierten que las autoridades pueden iniciar un proceso de extinción de dominio, aunque sería complejo porque nadie tiene títulos.

Los cultivadores responden que, ante el abandono estatal, es el único producto que deja alguna rentabilidad por esos lares y reclaman el derecho a regresar a sus hogares. 48 familias están cansadas de vivir hacinadas, de brazos cruzados, en el albergue para desplazados construido por el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en El Mango hace unos años.

“Pedimos que la Policía Nacional se vaya, pero no queremos crear situaciones de hecho, no vamos a recurrir a la fuerza. Preferimos defender nuestros derechos por la vía judicial. Hemos presentado 51 acciones de tutelas”, señala Alexánder Rosero Alvarado, presidente de la junta de acción comunal.

Más de uno es consciente de que deben actuar con cautela. No pueden negar la evidencia de que son el primer eslabón en la cadena del narcotráfico, el más débil, pero ilegal. Por eso no saben bien qué hacer, los consume la misma incertidumbre que al resto de habitantes de El Mango. No dudan de que el Gobierno no dará su brazo a torcer sin más, que intentarán mantener a la Policía en el corregimiento a toda costa, aunque siguen sin ver su utilidad ni comprenden el empecinamiento de Bogotá.

“Aquí no hay banco, ni alcaldía, ni ningún organismo estatal que proteger”, repiten en cada esquina como una letanía. “Los policías no tienen nada que hacer acá y nos perjudican mucho porque la guerrilla nos acaba el pueblo si ellos están”, señala un nativo.

Son las mismas palabras, idénticas, que escuché en julio del 2013, cuando fui a El Mango para conocer por qué era el lugar más peligroso para un policía, crónica que apareció en esta sección. Entonces había una estación incrustada en el barrio Bellavista, el más costoso, sobre el parque principal. Eran dos calles fantasmas, sin pobladores, con las casas tatuadas de impactos de balas y paredes agrietadas o derruidas por los explosivos que las Farc lanzaban a los uniformados.

La presencia policial estaba reforzada en lo alto de una loma contigua con una base del Encar (cuerpo especial). Los agentes solo hacían presencia; apenas podían dejar sus trincheras, en cualquier momento se convertían en blanco de un ataque y ningún vecino les hablaba jamás. Entablar diálogo con un policía, venderle un simple tinto, equivalía a una sentencia de destierro o de muerte. La guerrilla lo advertía de manera nítida en las reuniones.

“No es cierto que no hicieran nada, estaban para que no se metiera la guerrilla, que cuando no había policía se la pasaba en el casco urbano, y hubo muchos muertos”, reclama un labriego de edad cuando entrevisté la semana pasada a unos campesinos que exigían la salida de los uniformados. “Hay que decir la verdad. Igual que decir que no se dan el cacao ni los frijoles. No se dan es porque nadie los siembra, solo siembran coca. Yo mismo tengo coca”, remachó el hombre.

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Así lucía hace casi un mes la calle del barrio Bellavista donde la Policía tenía instalada una trinchera para resistir los hostigamientos de guerrilleros del frente 60 de las Farc. Foto: Salud Hernandez-Mora

Sus palabras no tuvieron ningún eco. En la semana que permanecí en la zona nadie opinó así. Todos anhelaban la salida de la Policía. “La coca y la autoridad son incompatibles”, admitía un comerciante. “Pero en El Mango la Policía apenas hacía requisas, casi no dejaban sus trincheras. Si había una riña, no acudían porque podía ser una emboscada. Que vayan a Bogotá que hay inseguridad, acá no la queremos”.

Con todo, no solo quieren prescindir de los agentes por mantener la única base de su economía, que ha crecido en el último año a ojos vista. Su principal interés es salvar sus casas y sus vidas, puesto que es innegable el riesgo que corren porque las Farc no van a cejar en su empeño de despejar de policías El Mango, aunque sea a costa de los civiles, como ya ocurrió el 2 de junio del 2013. Un tatuco causó la muerte de una profesora y su hija, y redujo su casa a un montón de escombros.

Los propietarios de viviendas en Bellavista ahora están decididos a reconstruirlo e impedir a toda costa que la Policía regrese. Si bien la institución compró en su día un lote en ese barrio, al tratarse de un espacio pequeño, insuficiente para garantizar la seguridad de los uniformados, la estación y las trincheras ocupaban la calle completa. Ahora, las trincheras no existen como tampoco la estación; los lugareños destrozaron todo con una retroexcavadora.

Y en la colina en la que se asentaba la estación del Encar tampoco queda rastro de la Policía, en ella construirá un colegio. En El Mango, el rumor es que la Policía levantará su nueva edificación en la finca donde se instalaron los policías cuando el Gobierno les ordenó volver después de que los sacaron. Está rodeado de montañas más altas y los convierte en un blanco fácil, como quedó demostrado en el último ataque de las Farc en la madrugada del domingo 19 de julio –horas antes de iniciar la tregua–, que causó siete heridos graves entre los uniformados. Su actual ubicación en las pequeñas fincas de Campoalegre solo es temporal, no pueden quedarse.

¿Dónde los ubicarán? Es la pregunta en boca de todos y de difícil respuesta. El Plateado ha sonado como un corregimiento al que se podrían trasladar. Pero allí tampoco serían bienvenidos. La comunidad los obligó a cerrar la estación a golpe de decenas de tutelas en el 2009, tan solo dos años después de su arribo. Es además una población aún más hostil para un policía.

Al frente 60 de las Farc, que son muy fuertes en ese corregimiento, le suman la presencia del Eln. Esta guerrilla estableció el corazón de su mando en la vereda La Emboscada, a unos 40 minutos en moto, pero suele mantener colgado un pasacalles en El Plateado para recordar que también ellos cuentan en el área.

Hace poco había soldados en un cerro cercano. Pero después de la muerte de un campesino por disparos de un soldado al no detenerse en un retén, la comunidad los forzó a recoger la base y trasladarse a Argelia. “Aquí mandaban a la escoria del Ejército, a los castigados”, dice un labriego.

“Pero si vuelven, que vuelvan al cerro donde estaban, que no bajen ni nos vengan a atropellar. La Policía no puede venir porque les ganamos las tutelas y no hay nada que cuidar, ni bancos ni empresas. Las cucarachas y las moscas las cuidamos nosotros”, agrega el campesino.

Una integrante de la junta de acción comunal, Sory Gaviria, afirma que pretenden que los declaren zona de reserva campesina para que los fondos para mejorar la pésima infraestructura y las condiciones de vida de todos les lleguen directos a ellos, y “no solo las migajas. No somos próximos a las Farc, como algunos señalan; nadie nos ha visto nunca con armas”, asegura.

Otra persona defiende los sembrados de coca, que proliferan. “La vida, la dignidad y la resistencia nos la ha dado esa mata que llegó como en 1979”, asevera en tono desafiante. “Nos han educado gracias a la coca”.

Tanto en los corregimientos como en diferentes caseríos que recorrí, los campesinos admiten de manera abierta que la única autoridad la ejercen las Farc.

En El Plateado actúa la junta de acción comunal en primer lugar, y solo si el caso desborda su capacidad por su gravedad –una violación, un asesinato o una disputa entre vecinos que no puedan resolver– recurren a la guerrilla, que imparte su justicia pronta y dura.

Nadie piensa jamás en acudir a la Policía, desconfían de ella. Y aunque lo hicieran, no podrían hacer mucho. No hay un calabozo y si arrestan a alguien, debe ser por una causa grave porque necesitan pedir un helicóptero, ya que no podrían sacar al detenido de otra manera. Por carretera los emboscaría la guerrilla, salvo que hicieran un enorme despliegue militar que cubriera las tres horas de recorrido por una vía destapada entre montañas hasta llegar a El Estrecho, sobre la Panamericana.

Ante ese panorama, ¿qué decisión tomarán en Bogotá? Eso quisieran saber en el municipio de Argelia.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO